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El INDI ha recibido vía fax un Comunicado de la Asociación Ñogueroi Pave ´i que nuclea  a 13 comunidades indígenas Mbya Guaraní, del Departamento de Caaguazu, a fin de manifestar a la opinión pública en general que existen indígenas que salen de las comunidades y se manifiestan continuamente en Asunción, utilizando como excusa que no reciben apoyo de la institución.

Con respecto a estas acciones el documento indica que son las mismas personas las que siempre están por Asunción y abandonan sus tierras adquiridas por el INDI, y lo hicieron en más de una ocasión. Señalan que en varias oportunidades recibieron apoyo del INDI y de otras instituciones para que puedan asentarse en sus comunidades, a través de la provisión de herramientas, semillas, víveres, los cuales no son aprovechados por los indígenas e inclusive en muchos casos son comercializados. Afirman que “La mayoría de los indígenas viven y trabajan en sus comunidades, NO TODOS SALIMOS A LA CALLE”, “Tenemos muchas necesidades que deben ser atendidas en las comunidades y no es justo que un solo grupo se esté lucrando y comercializando a costas nuestras”.

Los indígenas solicitan que se tomen las intervenciones necesarias a fin de poner freno “a estos indígenas que no quieren trabajar para alimentar a sus familias y se aprovechan de los niños que no son de su etnia”. Por último manifiestan que la actual administración del INDI está realizando una gestión con la participación y acorde a las necesidades de los indígenas que viven en sus comunidades.

Fuente:

Web Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

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La comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intentó ingresar a la estancia El Algarrobal, en Presidente Hayes, Chaco paraguayo y fue impedida por guardias armados, logró visitar a la comunidad indígena enxet asentada en el establecimiento utilizando un camino alternativo.

Irineo Téllez, de la organización Tierra Viva e integrante de la comitiva, manifestó que debieron utilizar el camino de una estancia vecina, viajar una mayor distancia, atravesar un río durante la noche y correr varios otros riesgos para poder llegar a la comunidad Kelyemagategma y constatar su situación.

“La comisionada (Dianah Sheelton) tenía el firme objetivo de llegar a la comunidad”, afirmó, este lunes, en contacto con la 970 AM.

Tellez relató que peones armados de l El Algarrobal, establecimiento que sería administrado por el senador oviedista Jorge Oviedo Matto, les impidieron ingresar a la propiedad, el pasado domingo, motivo por el que permanecieron varados unas 4 horas.

“Los peones fueron irrespetuosos y les amenazaron de muerte a indígenas”, señaló.

Señaló, además, que gracias al inconveniente pudieron comprobar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los nativos. “Lo que se constató con esto es la desprotección en la que se encuentra la comunidad”, agregó Téllez.

La comisión estaba integrada por la representante de la CIDH, Dianah Sheelton, el abogado colombiano Federico Guzmán; el representante de Paraguay ante la OEA, Heriberto Alegre; y los integrantes de la organización Tierra Viva, Óscar Ayala, José Paniagua e Ireneo Téllez.

La propiedad está ubicada a 40 kilómetros de Concepción, hacia el Chaco, en el distrito de Puerto Pinasco.

El grupo enxet, por cuya causa visitaron el lugar los emisarios de la CIDH, a fin de realizar una visita in loco (en el lugar), están arrinconados actualmente en una superficie que no supera las 3 hectáreas y aislados de todo camino, por hallarse dentro de la propiedad.

Paraguay ya cuenta con dos casos de reivindicación indígena pedidos ante la CIDH (Yakye Axa y Sawhoyamaxa) y actualmente el caso de Puerto Pinasco se encuentra avanzado en la Comisión Interamericana, antesala de un nuevo juicio internacional contra el Estado.

Dos representantes de la CIDH son retenidos por guardias armados en el Chaco

Dos representantes de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) y de organismos de derecho indígena locales que realizan una visita oficial de verificación de situación de nativos están retenidos por guardias armados en el portón de la propiedad de la empresa El Algarrobal, cuyo presidente es el senador oviedista Jorge Oviedo Matto.

Los emisarios del alto organismo -Dinah Sheelton y Federico Guzmán- denunciaron trato violento por parte de los guardias que impiden su ingreso a la propiedad, conocida también como Puerto Colón, donde se halla asentada una comunidad enxet, Kelyemagategma, cuyo caso se tramita actualmente ante la Comisión Interamericana de DDHH.

La propiedad está ubicada a 40 kilómetros de Concepción, hacia el Chaco, en el distrito de Puerto Pinasco. En el lugar también se encuentra el representante de Paraguay ante la OEA, Heriberto Alegre; los miembros de la organización Tierraviva Óscar Ayala, Ireneo Tellis y José Paniagua y los integrantes de la comunidad enxet.

Los guardias armados amenazaron incluso de muerte a los líderes nativos que se encuentran con la comitiva que llegó al lugar alrededor del mediodía de este domingo por invitación del gobierno paraguayo, expresó Guzmán.

Óscar Ayala, director de Tierraviva y abogado de la comunidad indígena, que reivindica unas 1.000 hectáreas (de 31.000 hectáreas) desde el año 2000, señaló que la situación ya fue puesta a conocimiento de la Cancillería paraguaya y el Ministerio del Interior, aparte del Indi, sin resultados hasta el momento.

El grupo enxet, por cuya causa se encuentran en el lugar los emisarios de la CIDH a fin de realizar una visita In Loco (en el lugar), están arrinconados actualmente en una superficie que no supera las 3 hectáreas y aislados de todo camino por hallarse dentro de la propiedad.

Paraguay ya cuenta con dos casos de reivindicación indígena perdidos ante la CIDH (Yakye Axa y Sawhoyamaxa) y actualmente el caso de Puerto Colón se encuentra avanzado en la Comisión Interamericana, antesala de un nuevo juicio internacional contra el Estado

Fuente:

Diario Ultima Hora

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“Somos 14 pequeños productores agremiados que decidimos organizar una exposición para que la gente conozca todo lo que se hace en el Bajo Chaco sin ninguna ayuda oficial, y tuvimos una masiva receptividad del público en la primera exposición realizada”, destacó Óscar Raúl Vera, presidente de la Unidad Productiva Agrícola y Ganadera de Benjamín Aceval (Upagba), en el departamento de Presidente Hayes.

Ayer finalizó la primera Expo regional del Bajo Chaco, que tuvo lugar en el campo ferial de Benjamín Aceval. En la noche inaugural, que fue el viernes, asistieron unas 3.000 personas, que visitaron los 50 puestos de venta y presenciaron el festival realizado.

Productores de horticultura y ganadería, y las comunidades indígenas con sus artesanías, provenientes de Benjamín Aceval, Villa Hayes, Remansito, Puerto Elsa y Puerto Falcón participaron de la feria del Bajo Chaco.

“Pese a la falta de apoyo oficial, el sector productivo del Bajo Chaco tiene muy buena producción hortícola, cañera y de leche, por ejemplo. Si pudiéramos acceder a créditos, se puede ser competitivos, mejorar la calidad, tener industrias y llegar hasta exportar”, indicó Vera.

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Diario Ultima Hora

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Los Ayoreo Totobiegosode han manifestado recientemente su preocupación a la Fiscalía Ambiental respecto de la ausencia de avances en la investigación sobre Denuncia Penal efectuada, en junio del año 2009, por la Contraloría General de la República sobre la Licencia Ambiental otorgada a la empresa de origen brasileño Yaguareté Porá SA.

Como es sabido, dicha Licencia Ambiental, concedida por la Secretaría del Ambiente (SEAM) a finales del año 2007, en la administración del entonces titular Carlos López Dose, fue retirada por la actual administración de la cartera del Ambiente, por Resolución No. 530/10, emanada luego de la conclusión de un Sumario Administrativo instruido sobre el particular a la empresa Yaguareté Porá SA. Dicha disposición resolvió sancionar a la empresa con el pago de una multa y exigir la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo proceso de posible renovación de la Licencia Ambiental.

La empresa Yaguareté Pora se ha opuesto a esta Resolución de la cartera ambiental del estado y ha llevado el caso ante el Tribunal de Cuentas, esperando decisión judicial favorable para proseguir con el desmonte en los bosques vírgenes que detenta desde la presente década, si bien los Ayoreo Totobiegosode la tramitan para si y para sus parientes en situación de aislamiento desde el año 1993.

Entretanto, los indígenas aguardan avancen con justicia las investigaciones sobre los hechos denunciados por la Contraloría Genera la República, obrantes en la carpeta fiscal denominada “YAGUARETE PORÄ S/HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, año 2009”.

La Contraloría General de la República (CGR), en el extenso documento “Denuncia Penal DAF No. 03/09”, menciona, entre otros párrafos

“Por lo expuesto, se colige que los representantes de la Firma Yaguarete Porá se valieron del Plan de Uso de Tierra (PUT) correspondiente a la Finca No. 13.122, presentado ante el Instituto Forestal Nacional (INFONA), en el que se omitió la expresa mención sobre la existencia de comunidades indígenas en el interior del predio en cuestión, para poder desmontar con entera libertad bosques de la Región Occidental, olvidándose de la presencia de los habitantes originarios del Paraguay, quienes representan la base de nuestra cultura, quienes tienen el derecho a disfrutar de su hábitat natural, tal como lo consagra en su Capítulo V, nuestra Carta Magna, y, por otra parte, se generó un daño al ecosistema, circunstancia que perjudica a todos los paraguayos así como a todos los habitantes del planeta”.

Menciona también el documento:

“Con este proceder, se violaron derechos fundamentales de los pueblos indígenas; grupos anteriores a la formación y organización del Estado Paraguayo; como los del referido Capítulo V de la Constitución Nacional, los cuales se describen a continuación: “…Artículo 62 – DELOS PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS. Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado Paraguayo”.

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) Por su parte, había recomendado ya en el año 2008, a través de la aprobación del Dictamen y Addenda de la Comisión Técnica de Biodiversidad:

1) “…la revocatoria de la Licencia Ambiental concedida a la Finca Nº 13.122 (Yaguarete Pora SA)…”; y

2) “… la revocatoria de la Resolución de la DGPCB por la cual se asigna como Área de Reserva Privada a parte de la Finca Nº 13.122 (Yaguarete Pora SA) hasta tanto se responda conforme derecho a la demanda de los Ayoreo Totobiegosode, quienes solicitan el dominio legal de esas tierras según Normativas Nacionales Vigentes y Convenios Internacionales ratificados por la República…”

En su reciente nota a la Fiscalía, los Ayoreo Totobiegosode solicitan

“…se sirva impulsar la investigación de los hechos denunciados, se formule imputación respecto a quienes resulten responsables de los hechos denunciados, se prosiga con el proceso previsto en la Ley…”.

Señalan que la denuncia de la Contraloría General de la República respecto de la empresa YAGUARTE PORA SA refiere a hechos que afectan

“…en forma directa nuestros intereses y derechos colectivos e individuales, las familias Ayoreo Totobiegosode, a los Jonoine – urasade, nuestros parientes en situación de aislamiento, a los bosques de nuestro Patrimonio Natural y Cultural, y contribuye también a la destrucción de toda la región, las plantas y los animales, el suelo y las aguas, en una zona donde, como ya se conoce, hay una muy grande deforestación, especialmente en el Alto Paraguay, Región del Chaco”.

Fuente:

Gacetilla Gente, Ambiente y Territorio (GAT)

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Los gobernadores menonitas del departamento de Boquerón hacen festín con los recursos públicos. Según la Contraloría General de la República, en el ejercicio fiscal 2008, el ex jefe regional David Sawatzky (ANR) y el actual Walter Stoeckl (PEN) hicieron desaparecer de las arcas de la institución unos G. 1.718 millones.

La Contraloría General de la República, durante una auditoría practicada a la Gobernación de Boquerón en el ejercicio fiscal 2008, detectó que fueron cobrados varios cheques emitidos por la institución, a cargo del Banco Nacional de Fomento (BNF). Indicó que se retiró la suma de G. 1.718.032.829 y no cuenta con documentos respaldatorios.

El informe señala que de los G. 1.718 millones, G. 893.819.258 corresponden a la administración del ex gobernador David Sawatzky y la suma de G. 824.213.571, al período del actual gobernador Walter Stoeckl.

Esta es una de las numerosas irregularidades detectadas por Contraloría General de la República (CGR) mediante un examen especial a los ingresos y gastos de la Gobernación chaqueña.

Igualmente, la Contraloría ha evidenciado cheques emitidos durante el mes de diciembre del 2008 y cobrados en el mes de enero del 2009, sin contar con documentos respaldatorios por la suma total de G. 201.909.623, correspondiente a la administración de Stoeckl, actual gobernador.

Por otra parte, según la Contraloría, durante la administración del ex gobernador David Sawatzky se realizó pago de “Viáticos y Movilidad”, por la suma de G. 240.034.973, sin documento que justifique efectivamente el servicio realizado. Igualmente, durante la administración del actual gobernador, Walter Stoeckl, se abonó la suma de G. 130.899.126, sin que estén respaldados con la orden de trabajo y de pago respectivo.

Durante el período auditado, la institución realizó pagos en concepto de alimentos para personas por un monto total de G. 718.814.647, sin contar con documentos de respaldo que demuestren la entrega o destino final de los recursos. Igualmente, se realizó pago en concepto de alimentos para animales por la suma de G. 100.000.000, sin sustento documental de la entrega.

También la Contraloría destaca que la Gobernación efectuó desembolsos por la suma de G. 1.093.363.936, durante la administración Sawatzky, en compra de combustibles, sin contar con ningún tipo de documento que respalde o compruebe que las cantidades adquiridas hayan sido necesarias.

Asimismo, en la administración actual fueron concedidas a las distintas Secretarías de la Gobernación elevadas cantidades de combustibles que equivalen a la suma de G. 202.078.575, sin contar con documentos que demuestren a qué vehículos y maquinarias fueron cargados o el detalle del consumo de la cantidad retirada.

Merienda escolar

El ente contralor también menciona que los alimentos adquiridos para complemento nutricional en escuelas públicas no fueron distribuidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2008, por un monto total de G. 233.480.816. Los auditores de la Contraloría no han evidenciado documentos que demuestren la distribución de la totalidad de los alimentos adquiridos.

Las comunidades indígenas y cooperadoras escolares mencionan a los auditores que no recibieron transferencias de la Gobernación, que según comprobantes de respaldo ascienden a la suma de G. 95.344.000. Por otro lado, los fondos transferidos a las comunidades indígenas y al Colegio Departamental de Boquerón no fueron administrados por los mismos, sino por responsables de la Gobernación. Los fondos transferidos bajo esta modalidad ascienden a  G. 290.920.000.

Por otro lado, la Contraloría  detectó en las obras ejecutadas en la construcción de la nueva sede de la Gobernación  que del monto pagado al Contratista Consorcio Boquerón de G. 3.618.278.453,  existe una diferencia de G. 678.597.373 pagada de más, puesto que una inspección in situ y otros estudios de los rubros ejecutados determinaron que el costo de los trabajos realizados asciende a solo G. 2.939.681.080.

Otras obras ejecutadas que fueron verificadas por la Contraloría  permitieron constatar diferencias pagadas de más por  la Gobernación entre lo transferido y lo ejecutado. Según los auditores técnicos,  el  monto asciende a más de G. 90 millones.

Fuente:

Diario ABC Color

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Los indígenas enxet de la comunidad Yakye Axa del departamento de Presidente Hayes, Chaco, esperan la finalización de los trámites para la compra de 16.000 hectáreas que próximamente ocuparán. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Paraguay a restituir a los nativos las tierras que reclaman.

Esteban López, uno de los históricos líderes de la comunidad, relató que el reclamo de su comunidad data de 1993, cuando decidieron recurrir a las autoridades para recuperar lo que llamaron su territorio ancestral. El inmueble que pedían formaba parte de una estancia, propiedad de norteamericanos. Estos, cuando vieron que se avecinaba un conflicto, negociaron el terreno y fue a parar a otros propietarios, hasta que finalmente fue adquirido por la familia Domínguez Dibb.

En el Parlamento, en cambio, hubo varios intentos de expropiación, pero todos fracasaron. Ante esta situación, los nativos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al fracasar en su intento de obligar al Estado paraguayo a responder al pedido de los nativos, pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta instancia condenó al Paraguay a proveer a los aborígenes las tierras que reclaman, porque la Constitución paraguaya dice claramente  que el Estado deberá proveer gratuitamente tierra a los mismos, por ser estos anteriores a la formación del mismo Estado. La condena y las advertencias se dieron durante los gobiernos colorados.

Al asumir Fernando Lugo la Presidencia de la República se comprometió a cumplir con los nativos y empezaron los primeros trámites para la compra de un inmueble para reubicarlos. Las alternativas que se presentaron fracasaron, hasta que por fin se llegó a la propiedad de 16.000 hectáreas que convenció a los enxet.

El inmueble pertenece a Néstor Pastore y se encuentra a 50 kilómetros de Pozo Colorado, camino a General Díaz. Durante la visita que realizaron al lugar, los aborígenes manifestaron su conformidad por el inmueble.

López dijo que tiene amplios tajamares, mientras que la tierra es apta para la agricultura y la ganadería. A partir del interés por el inmueble, se conformó una Comisión Interinstitucional Ejecutiva que actualmente realiza las gestiones para la compra directa, aunque aún no se dio a conocer el costo. Los indígenas dijeron que se pagarían 800 dólares la hectárea.

Esta comisión ya tendría hoy todos los datos del inmueble así como el costo, su situación legal, y el desembolso ya se haría en los próximos días, informó López.

El dirigente apuntó que el sueño de la comunidad de tener la tierra propia está a punto de concretarse. “Hemos renunciado al reclamo de la estancia Loma Verde simplemente porque los propietarios no quieren vender. Además ya estamos  cansados de vivir al costado de la ruta en la miseria y sin tierra que cultivar”, relató. De acuerdo al aborigen, algunos miembros de la comunidad ya murieron a consecuencia de la situación inhumana en que estaban y especialmente a consecuencia del consumo de agua de baja calidad.

López indicó que el inmueble donde serán reasentados tiene hermosos tajamares. Hay abundantes cocodrilos, uno de los alimentos preferidos de los nativos.

La energía eléctrica, en cambio, pasa frente al terreno, lo que permitirá utilizarla en los hogares y en la instalación de pequeñas industrias. A partir del aseguramiento del inmueble, el Estado también debe disponer fondos para el desarrollo de la comunidad, tal como establece la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente:

Diario ABC

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En el presente mes el Instituto Paraguayo del Indígena ha emitido la Resolución Nº 2039 /10, por la que se establece la obligación de solicitar su intervención para procesos de consulta en las comunidades indígenas. A continuación el texto de la Resolución:

RESOLUCIÓN Nº 2039 /10

“POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA PARA TODOS LOS PROCESOS DE CONSULTA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.”

Asunción,  16   de agosto de 2010.

VISTA: Las disposiciones del Artículo 32 de la Ley Nº 904, del año 1981, “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, por las que se le otorga al Instituto Paraguayo del Indígena, entre otras las facultades de a) establecer y aplicar políticas y programas b)coordinar, fiscalizar y evaluar las actividades indigenistas del sector público y privado; c)prestar asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las comunidades indígenas, por cuenta propia o en coordinación con otras y gestionar la asistencia de entidades nacionales o extranjeras; d)realizar censos de la población indígena en coordinación con las entidades indígenas o indigenistas; e)realizar, promover y reglamentar investigaciones relativas a los indígenas y difundir información acerca de ellas con la conformidad del INDI y la comunidad; f)adherir a los principios, resoluciones y recomendaciones de entidades internacionales indigenistas, que concuerden con los fines de la presente Ley, y promover, a su vez, la adhesión de ellas a los objetivos del INDI; g) apoyar las gestiones y denuncias de los indígenas ante entidades gubernamentales y privadas; h)estudiar y proponer las normas que deban regir en materia de Registro Civil, Servicio Militar, educación, responsabilidad penal y documentación de identidad para los indígenas y velar por su cumplimiento; i)mantener relaciones con entidades nacionales e internacionales indigenistas, asesorarlas y hacer cumplir los convenios sobre la materia; promover la formación técnico-profesional del indígena, especialmente para la producción agropecuaria, forestal y artesanal y capacitarlo para la organización y administración de las comunidades; y k)realizar otras actividades que tengan relación con los fines del INDI.

Que, la República del Paraguay ratificó el Convenio Nº 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes, por Ley Nº 234 del año 1993.

Que, el Convenio Nº 169 de la O.I.T. en su artículo 6º establece: Que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Que, el Convenio 169 es norma de aplicación directa, que no requiere ley para exigir su cumplimiento, y;

CONSIDERANDO: Que, el INDI ha recibido quejas de representantes de comunidades indígenas sobre la intromisión de organismos públicos y privados, invocando la realización de consultas que han de realizar o que han realizado con los miembros de la comunidad.

Que, dichas actividades se realizan muchas veces, sin las formalidades y requisitos establecidos en el Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en los artículos 1 al 9, y en particular en los artículos 5 y 6 referentes a las consultas.

Que, el objetivo de la Consulta es obtener o no el consentimiento de los pueblos indígenas en todas las actividades que involucran a la comunidades.

Que, la consulta debe ser previa, libre, informada y de buena fe, y que en caso de no obtener consentimiento debe abstenerse de la ejecución del proyecto, programa o actividad conforme a los requerimientos de la comunidad.

POR TANTO, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2199/2003 y conforme al Art. 32 del “Estatuto de Comunidades Indígenas”, Ley 904/81.

LA PRESIDENTA

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI)

R E S U E L V E:

Art. 1º) Todo proceso de consulta en comunidades indígenas debe realizarse con la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI.

Art. 2º) El INDI establecerá caso por caso las pautas a ser cumplidas en cada consulta, dependiendo dichas pautas, del tema de la consulta  y la organización y cultura de la comunidad a ser afectada.

Art. 3º) El INDI, institución rectora de la política indigenista, y autoridad de aplicación del referido Convenio Nº 169 no considerará válida ninguna consulta que se haya realizado sin su fiscalización y evaluación.

Art. 4º) Comuníquese a la quienes corresponda, y una vez cumplido archívese.

Fuente:

Web Institucional, INDI

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Puerto Casado, Alto Paraguay (Por Alcides Manena). Los productores de Puerto Casado, Alto Paraguay, organizan para este fin de mes una feria agrícola por tercera vez en este año. El local del evento es el ex Hotel Puerto Casado, actualmente utilizado por los lugareños como centro recreativo.

Cuentan con el apoyo de la Municipalidad local y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) cuyos funcionarios asesoran a los emprendedores a organizarse.

Los feriantes conformaron una comisión que trabaja con los técnicos del MAG y fijaron la feria para el 28 y 30 de agosto aprovechando la ocasión en que la localidad estará de fiesta patronal y recibirá visitas de otros lugares.

Simeón Servín, agrónomo del MAG, dijo que la producción que expondrán los feriantes es de sus chacras además de artesanías, comidas típicas y reposterías. También participarán las comunidades indígenas maskoy.

La ocasión será propicia para que los diferentes productores de la zona muestren la variedad de rubros de consumo que poseen y en cuanto la artesanía se destaca el trabajo en acero inoxidable como atractivo principal la guampa, matero y jarra.

Además de exponer los productos, pretenden comercializar las comidas típicas, animales menores faenados y en pie y alimentos elaborados.

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Diario Última Hora

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Fuerte Olimpo, Dpto. de Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal). Las localidades del Dpto. de Alto Paraguay están siendo perjudicadas por una sequía atípica en esta época del año. La situación causa preocupación, especialmente al sector ganadero, ya que se está registrando la muerte de vacunos. Unas 1.000 personas carecen del vital líquido

Los efectos de la sequía, considerada como atípica en esta época del año, comienzan a preocupar a pobladores de las comunidades de Alto Paraguay, especialmente al sector ganadero, principal puntal económico de la región. La sequedad del terreno se agudiza a raíz de los fuertes vientos, tanto del sector norte como del sur, que se registran en la región.

La falta de agua hace que el suelo se agriete y el pasto (principal alimento del ganado) se seque.

En algunos establecimientos la situación es realmente preocupante, ya que solo se tienen reservas de agua para unos 15 días, por lo que de no producirse algún tipo de lluvias la situación se volverá muy crítica.

La ausencia de grandes lluvias hace que en algunos sectores se estén agotando las reservas de agua. En ese sentido, la Gobernación trata de paliar la situación con la distribución del vital líquido en camiones cisternas, preferentemente en las ex comunidades obrajeras de San Carlos y Toro Pampa.

En los meses de junio y julio se produjeron pequeñas lluvias en el departamento, pero no alcanzaron para almacenar lo suficiente como reserva para situaciones como la que se presenta actualmente.

El agua es transportada desde el río Paraguay, en Fuerte Olimpo, hasta las distintas comunidades, distantes entre 60 y 120 kilómetros.

Las familias se acercan al camión cisterna para proveerse del   vital líquido, que guardan en tambores y bidones. Solo es utilizada para su consumo y cocción de los alimentos, ya que para el aseo personal y lavado de ropa y utensilios, continúan usando lo poco que resta en los tajamares.

Más de 1.000 pobladores se encuentran en esta situación, la mayoría dedicada a trabajos temporales, como peón de estancia de la región.

La falta de ayuda estatal y la poca infraestructura para el suministro de agua en  la zona afecta en mayor medida a los pequeños ganaderos. En ese sentido,   los brasileños que se instalaron en la región en los últimos años están preparados para soportar este tipo  de inconvenientes.

Fuente:

Diario ABC

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“Sí al desarrollo sostenible de la región occidental”, este es el planteamiento del presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, Gustav Sawatzky, quien impulsa una reunión con legisladores y representantes de la sociedad civil chaqueña los primeros días del mes de septiembre para debatir a profundidad los aspectos concernientes a la política de deforestación y ecología aplicada en la Región Occidental.

El objetivo principal de esta iniciativa es que los chaqueños sean quienes definan su modelo de desarrollo, dado que ellos son quienes mejor que nadie conocen su realidad, asegura un comunicado emitido.

En tal sentido la Federación deja sentada su postura contra las leyes extremas como la “Ley de Deforestación Cero” para el Chaco, considerando -dicen- que existen en nuestro país Organizaciones No Gubernamentales que, obedeciendo a intereses foráneos, promueven la aplicación de medidas extremas como la mencionada.

Fuente:

Diario La Nación