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27 de Diciembre de 2008

Los nativos que llegaron a la capital, para exigir la renuncia de Margarita Mbywangi, se manifestaron nuevamente en la víspera frente al local de la secretaría de Estado y luego se reunieron con el ministro en la plaza Italia. Dijeron que tienen derecho a participar del consejo, porque de lo contrario un solo grupo manejará el congreso y se excluirá a los demás.

El consejo asesor que creó Galeano Perrone está compuesto por Margarita Mbywangi, el viceministro Luis Alberto Riart, María Elizabeth Rehnfeldt y el antropólogo José Zanardini. Los nativos dicen que no están representados por estas personas y exigen tres lugares para hacer escuchar sus voces.

Estos aborígenes, así como los seguidores de Mbywangi, protagonizaron esta semana varias manifestaciones que llevaron a la destitución de Margarita de la presidencia del Indi. Para atemperar la crisis que generó el cambio, Galeano Perrone creó el consejo asesor que buscará la participación de los aborígenes en la elección del nuevo presidente o presidenta.
Hasta el momento, con decisiones hábiles, el secretario de Estado ha tranquilizado a los nativos, pero en el Indi hay ciertas confusiones, sobre todo en el funcionariado que espera que el encargado del despacho pase por el lugar para que la institución no se resienta en su funcionamiento.

Según las consultas realizadas en el Indi, el 12 de febrero tendría lugar el congreso para elegir al sucesor de Mbywangi. De momento, los trámites de compra de tierra, así como las asistencias quedaron paralizadas. Los vehículos del ente también serán controlados para evitar su utilización con fines particulares, como ya ocurrió hace poco cuando un funcionario de confianza utilizó la camioneta del ente como transporte escolar.

En nuestro país viven 108.000 nativos que conforman 17 etnias. Con el gobierno de Lugo llegaron a acceder por primera vez a la presidencia del Indi.

Fuente:
Diario ABC Color

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Tierraviva lamenta profundamente el tratamiento irrespetuoso e indigno que fue dispensado por el Poder Ejecutivo a la Sra. Margarita Mbywângi, con ocasión del cese de sus funciones como presidenta del INDI (Instituto Paraguayo del Indígena), por considerarlo un acto que hiere los principios y valores de derechos humanos que todos y todas esperamos sean la matriz a partir de la cual actúe el gobierno del Presidente Lugo.

Como es de conocimiento público, la Sra. Mbywângi, fue informada de su destitución a través de los medios periodísticos, cuando que es usual en estos casos (o debería serlo, al menos) con otros funcionarios o funcionarias, una comunicación previa a la persona afectada, de tal modo a evitar situaciones de exposición pública y mediática inapropiadas como las que tuvo que penosamente soportar la ex presidenta del ente indigenista, quien, luego de veinticuatro horas del anuncio de su separación del cargo en conferencia de prensa, recién fue notificada de la decisión.

Asimismo, Tierraviva expresa su creciente preocupación por la ausencia de indicios de una política pública de Estado sobre la cuestión indígena, así como por la evidente desorientación del Ejecutivo, que en el mismo decreto de destitución de la Sra. Mbywângi, se dispone también la convocatoria a los líderes de las comunidades indígenas para “elegir a sus autoridades que los representen y someter al Poder Ejecutivo dicha decisión”, siendo que el INDI no es un órgano de representación popular cuyos cargos deban ser ocupados por personas seleccionadas a través de una elección en asamblea o por votación directa.

El INDI es una entidad que por su naturaleza jurídica y ubicación administrativa, por principio de delegación, representa únicamente al Presidente de la República, de quien depende jerárquicamente, siendo su vocación institucional el ejercicio de la asesoría y orientación especializada en la formulación, elaboración y ejecución de políticas y programas a ser implementados por cualquier órgano del Estado, respecto a los Pueblos Indígenas, así como la coordinación general de la política indigenista.

Esto, desde luego, no supone que la presidencia del INDI esté vedada a una persona de adscripción étnica a alguno de los 20 pueblos originarios, cuya existencia reconoce el Estado, y que, junto a la población paraguaya, cohabita diferenciadamente en su territorio, siempre y cuando la designación sea adoptada sobre la base de la idoneidad, y acorde con lo reglado en la Ley para la función a ser ejercida.

A raíz de la desafortunada acción del Ejecutivo, en el seno de los líderes indígenas, se ha instalado un debate que está errado desde el inicio en su planteamiento. El rechazo y adhesión hacia una persona es la discusión completamente superflua que sigue, así como la falsa idea que el INDI es de los indígenas, que los problemas y obstáculos que enfrentan los indígenas son de ellos y deben ser resueltos por ellos mismos, sin considerar que el ente por sí mismo es ineficaz para tamaño cometido.

En otras palabras, desde el gobierno, esto equivale a desentenderse de la cuestión indígena, cuando que el único garante y sujeto obligado en materia de Derechos Humanos, del cual se espera pueda organizarse de tal modo a poder respetar, garantizar y satisfacer los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y sus miembros, es el Estado, cuya administración está en manos del Presidente de la República.

Esperamos, que en adelante, el Ejecutivo obre con mayor seriedad, así como una actuación responsable, acorde con sus obligaciones, y una convocatoria futura a los pueblos indígenas para considerar planes y programas de gobierno destinados a la superación de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que los afectan, y no para debatir la designación de un funcionario u otro.

Asunción, diciembre 22 de 2008

Fuente:
Nota de Tierraviva, firmada por Oscar Ayala, Coordinador Ejecutivo.

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03 de Diciembre de 2008

Ante la brutal represión por parte de la Policía el pasado lunes 1 de diciembre, contra nuestros hermanos y hermanas indígenas que se encuentran en la ciudad de Asunción en ejercicio de la libertad de manifestación y del derecho a peticionar a las autoridades, la CAPI expresa a la opinión pública nacional e internacional cuanto sigue:

1. La CAPI, como legítima representante de 15 organizaciones indígenas de ambas regiones del país, levanta la voz de su más firme repudio ante lo que considera una de las muestras más indignantes y vergonzosas de violencia, en la era democrática, por parte de las autoridades nacionales, contra hombres y mujeres, niños, niñas y ancianos indígenas, que sin representar ningún peligro para el orden o la seguridad pública fueron provocados y tratados con total desprecio a su integridad física.

2. Para la CAPI, la violencia ejercida contra miembros de la Federación de Asociaciones Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay, ha sido brutal, pues, este gobierno, en un capítulo sin precedentes en veinte años de transición democrática, ha golpeado con saña a quienes son miembros de pueblos que han sido víctimas históricamente de la violencia por parte del Estado paraguayo.

3. Ante estos hechos, para la CAPI es oportuno recordar a la sociedad y al gobierno paraguayos, que las peticiones de indígenas que se presentan habitualmente en la capital del país, son el resultado de los impactos más nocivos que surgen de seguir sosteniendo un modelo institucional público, incapaz de dar respuesta a los reclamos de nuestro Pueblos. Como resultado, siguen siendo muchos los reclamos territoriales que varias comunidades indígenas se encuentran tramitando, así como sigue siendo un problema dramático, la falta de posesión y aseguramiento de sus tierras tradicionales y recursos naturales. Estos impactos son en especial el desmonte y como consecuencia la desertificación de nuestras tierras; la pérdida de nuestros sitios sagrados, nuestros medios de subsistencia y medicinas tradicionales; la falta absoluta de seguridad alimentaria, la malnutrición, las enfermedades y la muerte por falta de agua, además de la ausencia de protecciones para nuestros hermanos indígenas que siguen viviendo en aislamiento voluntario; y los incidentes de desalojos forzados de varias de nuestras comunidades.

4. La CAPI también lamenta, que en medio de esta situación, los reclamos de comunidades y organizaciones indígenas sean respondidos con violencia, con un asistencialismo que atropella nuestra dignidad -como los tradicionales repartos de víveres-, así como con actitudes racistas, como la propuesta del traslado del local del INDI a las cercanías del Jardín Botánico, como si fuéramos desechos que ocultar.

5. Por lo dicho, como organización indígena, reprochamos al gobierno por la actuación de la Policía Nacional en la represión y exigimos al Ministro del Interior una inmediata investigación y castigo a los responsables por atentar contra los derechos humanos y las legítimas expresiones de la vida democrática. Exigimos una disculpa pública y el compromiso de no reiterar estas acciones criminales. Solicitamos, igualmente, la efectivización positiva del CAMBIO de la política del Estado Paraguayo para con los Pueblos Indígenas, para lo cual es urgente que se inicie un proceso de respeto y consulta en todas las instancias correspondientes con las organizaciones indígenas auténticamente representativas.

Hipólito Acevei,
Presidente CAPI
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas CAPI

Fuente:
Pronunciamiento de la CAPI

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1 de Diciembre de 2008

En abril próximo se estarán reiniciando los trabajos de excavación petrolífera en el Bloque Boquerón, zona de Gabino Mendoza, Chaco, según informó el titular de Minas, Ing. Carlos Buttner. El trabajo estará a cargo de la empresa Petro Saudí, que últimamente había adquirido la mayor parte de las acciones de CDS Energy SA, que dejó a mitad de camino la perforación del pozo “Independencia III”, justamente en esa área de la Región Occidental.

El subsecretario de Estado volvió a recalcar que las perspectivas son muy favorables para que en poco tiempo también nuestro país vaya a contar con sus propios yacimientos de hidrocarburos y que incluso se ocupe de su explotación comercial.

“Estamos queriéndole dar una nueva dinámica a este viceministerio, fortalecer su equipo técnico y ocuparnos de lleno en la explotación de nuestras reservas que son abundantes”, expresó el Ing. Carlos Buttner.

La autoridad ministerial había anunciado al inicio de sus gestiones que el programa trazado apunta que durante el próximo año, sean excavados por lo menos unos veinte pozos como mínimo en las diferentes áreas concesionadas de nuestro país.

Adelantó asimismo que la Subsecretaría de Minas se hallaba abocada en la revisión del decreto que regula las actividades exploratorias.

Inversión

Indicó, además, a renglón seguido, que unos US$ 20.000.000 serían la inversión inicial en el emprendimiento, que se proyecta realizar en materia de las exploraciones petrolíferas en la referida Región Occidental de nuestro país.

Citó como punto de inicio de las tareas a los bloques Boquerón y Pirity, este último ubicado en las cercanías de Palmar Largo, donde fue ubicado recientemente un nuevo yacimiento en el lado argentino.

Expresó más adelante que los nuevos ejes de las actividades exploratorias están centrados en tres grupos empresariales, que además de “Petro Saudí y CDS”, lo conforman “Paraguay Gas & Energy SA” y un último grupo que aún queda por definir, y que está integrado por la “Crescent Global Oil-Paraguay SA”, y “Bohemia”.

Para finales de marzo o principios de abril del año entrante estarán llegando las maquinarias que se ocuparán de las nuevas excavaciones.

Areas concesionadas
La “CDS”, ahora asociada a la empresa petrolera saudí, juntamente con la empresa “Primo Cano Martínez”, cuenta con un área concesionada de 40.000 hectáreas, en Gabino Mendoza, otorgada por Ley 1028/83.
A su vez, “Paraguay Gas & Energy SA” cuenta con 419.077 hectáreas en la zona norte del bloque Américo Picco y otras 307.000 hectáreas al sur. El contrato respectivo fue aprobado por decreto Nº 5.595, “ad referéndum” del Congreso.

Por su parte, la “Crescent Global Oil-Paraguay SA” cuenta con un área concesionada de 1.530.000 hectáreas en el bloque Pirity, en la Región Occidental, otorgada a través del decreto Nº 10.016/07, y aprobado por el Congreso.

Otro sector con que igualmente dispone corresponde a 159.997 hectáreas en el departamento de Alto Paraná, Región Oriental, cedida por resolución ministerial Nº 354/07.

Por último, “Bohemia SA” tiene un área de concesión de 1.798.000 hectáreas en el Alto Paraná, otorgada a través del decreto Nº 10.016/07, también ya aprobada por ley. Existen grandes expectativas en nuestro país con estos proyectos y la posibilidad de hallar el tan codiciado “oro negro”, así como encontraron nuestros vecinos.

Fuente:
Diario ABC Color

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Lunes, 24 de Noviembre de 2008

“El monte es la vida para nosotros y para nuestros parientes sin contacto. Tenemos mucho miedo de que la gente del monte sea molestada, como ocurrió siempre”, señala el pedido de auxilio de los Ayoreo Totobiegosode al Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay (Cipiaci), que estos días mantuvo una reunión en Asunción.

Los nativos pidieron ayuda para frenar la deforestación del territorio donde aún viven varios grupos silvícolas en el Chaco.

Recibieron el apoyo de nativos de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Paraguay que participaron del encuentro, quienes coincidieron en manifestar que sus hermanos ayoreos se encuentran en una situación difícil porque cada vez tienen menos monte para desarrollar su vida, debido a varios factores externos, como la deforestación o la entrega de tierras para la explotación de hidrocarburos que ponen en peligro la vivencia de varios grupos ayoreos que optaron por vivir en el monte.

“No tenemos desarrollada una política pública para los pueblos en aislamiento”, reconoció, por su lado, Lida Acuña, directora de Asuntos Étnicos de la Fiscalía General del Estado.

Para justificarse señaló que es una situación general de varios países latinoamericanos, y no obstante delineó algunas acciones que desde la reforma de la Constitución del 92 se viene haciendo para con los pueblos aislados. Dejó entrever que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) no quiso responsabilizarse porque no tenía bien perfilada su función respecto a los silvícolas y que derivó la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado.

Para la funcionaria del Ministerio Público muy poco se pudo avanzar en la protección, porque se siguen “otorgando licencias y tampoco hay responsabilidad del Gobierno Central en estos hechos, pues todos se desentienden”.

DEFORESTACIÓN CERO. El secretario de Asuntos Indígenas de Boquerón, Rodolfo Hildebrand, anunció que están delineando un plan de acción para aplicar el programa de deforestación cero en el departamento, pero antes se reunirán con los ganaderos y la Fiscalía, a fin de hacer efectiva la medida. Dentro de ese delineamiento se prevé la compra de tierras para los ayoreos en aislamiento voluntario.

Tal situación, sin embargo, es más difícil en el Alto Paraguay, donde el control de parte de los organismos creados para su efecto no lo pueden hacer porque prácticamente la Gobernación se encuentra en la capital del país, desde donde se ejecutan los permisos correspondientes. “Todo se hace desde Asunción”, señaló el secretario Juan Agüero, de la Secretaría de Asuntos Indígenas de este departamento.

AVISTAMIENTO. A principios del mes de noviembre, nuevamente un grupo de silvícolas fue visto en las inmediaciones de una estancia vecina a Yaguareté Porã, que es la propietaria de las tierras reivindicadas por los Ayoreo como patrimonio y hábitat de sus hermanos en aislamiento. Posteriormente la Seam decidió suspender la licencia ambiental de la firma, que debió suspender la deforestación.

UNA MISIVA RECOGE LA INQUIETUD DE NATIVOS

“Denunciamos la deforestación de los bosques del Núcleo de la Zona Sur de nuestro Patrimonio Natural y Cultural, en el Alto Paraguay, Región del Chaco, en la finca Yaguareté Porã SA”, señala el documento que los nativos hicieron llegar a la comisión internacional.

“Se violaron los derechos de nuestros parientes del monte que están en esas zonas. El 5 de noviembre fueron vistos por otros ayoreos que trabajaban en esos lugares. Después de muchos trámites ante diversos organismos del Estado paraguayo, conseguimos que la Seam y Conam cancelaran la licencia ambiental el día 13 de noviembre de este año. Las máquinas que echaban los montes ya salieron hace pocos días del lugar.

“Queremos que se muevan rápido los trámites para asegurar esas tierras a nuestro nombre, como pedimos ya desde el año 1993, para que no vuelvan las topadoras que destruyen los bosques y para que la gente del monte tenga un poco de paz.

“Pedimos nuevamente el apoyo de las organizaciones hermanas, que se actúe con urgencia y sean protegidos y legalizados los montes que aún no están asegurados en el Núcleo de la Zona Sur de nuestro Patrimonio: Finca Yaguareté Porã (40.000 ha.), Finca River Plate SA (22.000 ha.) y lote de la firma Casado SA (36.000 ha.)”, pidieron los nativos.

Fuente:
Diario Ultima Hora

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PARAGUAY, 14 de Noviembre, 2008

La cancelación de la Licencia Ambiental a la firma Yaguarete Pora S.A. se conoció ayer jueves 13 de Noviembre en la sesión ordinaria del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). La disposición fue adoptada por Resolución No. 2533/08 de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, Secretaría del Ambiente (SEAM), en el marco de las disposiciones y atribuciones que la legislación ambiental establece. Para la verificación de la situación en terreno se trasladaron, en la fecha, hasta la zona del Alto Paraguay, Chaco, integrantes de la Fiscalía Ambiental - Ministerio Público, de la SEAM y del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Preocupa, a la vez, el avistamiento reciente de indígenas en aislamiento en la zona en proceso de gran deforestación desde hace meses.

En base al Dictamen de la Asesoría Jurídica de la institución que menciona, entre otros puntos, el informe técnico de la fallida tarea de fiscalización del 28 de octubre último, cuando el administrador de la firma impidió el acceso a los funcionarios públicos, la Resolución de la Secretaría del Ambiente indica “la abierta trasgresión de las obligaciones legales por parte de la firma Yaguarete Pora SA”, refiere las normativas violentadas y resuelve en su Art. 1 “Cancelar la Licencia Ambiental otorgada mediante declaración DGCCARN No. 332/07 de fecha 28 de Noviembre de 2007″.

Por otra parte, se aguardan los resultados de las tareas de verificación que se efectúan actualmente en terreno. A la vez, causa gran preocupación, especialmente en las comunidades locales, las recientes noticias de avistamiento de población ayoreo silvícola en el área de la deforestación, efectuada de manera ininterrumpida hace ya varios meses.

Fuente:
Gacetilla GAT

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En nota fechada el 30 de octubre del año en curso la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI), que aglutina a 15 asociaciones indígenas del país, se dirigió al Presidente de la República, Fernando Lugo a fin de solicitar acciones concretas para resarcir el daño causado al pueblo Ayoreo Totobiegosode.

La CAPI manifestó, en primer lugar, su sorpresa por un posible acuerdo existente con la organización inglesa World Land Trust, que afecta al territorio ancestral y actual de los Ayoreo Totobiegosode, indicándose “nunca fuimos consultados o participado en dicho proceso tal como nos garantizan las leyes nacionales vigentes”.

Manifiesta también la CAPI su alarma ante las reiteradas violaciones a los derechos indígenas y ambientales por parte de la empresa brasileña Yaguareté Pora SA, que pese a una auditoria de gestión realizada por la Contraloría General de la República respecto a la Licencia Ambiental otorgada a esta empresa brasileña -donde se constataron omisiones, inexactitudes y contradicciones en las documentaciones técnicas arrimadas a la SEAM -, ha impedido el ingreso de fiscalizadores de esta Secretaría cuando llegaron hasta el lugar con el fin de verificar la deforestación masiva que se encuentra realizando, la que en varias oportunidades han denunciado los indígenas y sus técnicos.

Por lo expuesto, la CAPI solicita al Gobierno que, a través de los Ministerios y Secretarías pertinentes, realicen acciones urgentes que garanticen la vida, bienestar y el territorio de los hermanos indígenas en aislamientos voluntario.

Organizaciones de la CAPI

Región Oriental:

- Asociación Teko Yma Jee’a Pavê – San Juan de Nepomuceno, Ava’i y Tava’i – Caazapa.
- Asociación Che Iro Ara Poty – Campo 9 – Caaguazú
- Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa – (ACIDI)
- Asociación Ava Guaraní Alto Canindeyu
- Asociación Pai Reko Pavê (Capitán Bado – Amambay)
- Asociación de Comunidades Guaraníes Alto Paraná – (ACIGAP)
- Asociación de Maestro Indígenas de Caaguazú

Región Occidental:

- Organización del Pueblo Enxhet Norte
- Federación Indígena del Chaco Central – FRICC
- Unión Nativo Ayoreo del Paraguay – UNAP
- Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco paraguay - CPI Chaco Py.
- Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco - CLIBCH
- Organización Payipie Ichadie Totobiegosode – OPIT
- Asociación Angaité de Desarrollo Comunitario (ASADEC)
- Organización del Pueblo Guaraní – OPG

Fuente:
Nota de la CAPI

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30 de octubre de 2008

Técnicos de la Dirección de Fiscalización, Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), de la Secretaría del Ambiente (SEAM), equipo a cargo del Sr. Carlos Romero, llegaron este martes 28 hasta la finca de la firma Yaguarete Pora S.A., localizada en el Departamento del Alto Paraguay, Chaco, con el objeto de realizar tareas de inspección de las actividades en curso. En el sitio, ubicado a unos 200 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, el encargado del acceso indicó que no estaba autorizado a permitir el ingreso del equipo público y se comunicó vía telefónica con el administrador local de la firma, residente en Loma Plata, Chaco central. Posteriormente reiteró la negativa de acceso a los técnicos de la SEAM, quienes retornaron sin cumplir su cometido.

Recientemente la Contraloría General de la República dio a conocer un Dictamen, resultado de una auditoría de gestión, respecto de la Licencia Ambiental otorgada a Yaguarete Pora S.A., indicándose el hallazgo de omisiones, inexactitudes y contradicciones en los documentos de justificación técnica presentados por la empresa brasileña. Por su parte, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en su sesión ordinaria del 23 julio del año en curso había aprobado el Dictamen de la Comisión Técnica de Biodiversidad que recomienda la cancelación de la Licencia Ambiental y de la Resolución que asigna la categoría de reserva privada no indígena a una superficie de dicha finca.

La violación de las facultades que la normativa atribuye a los órganos públicos, acrecienta la preocupación sobre la situación de los bosques en proceso de destrucción, tanto por la pérdida de biodiversidad como por la suerte de los Ayoreo Totobiegosode silvícolas de cuyo desplazamiento en la zona se tuvieron noticias a fines del pasado mes de junio, de acuerdo a información suministrada por ayoreode de Carmelo Peralta, Departamento del Alto Paraguay. En aquella oportunidad los Ayoreo Totobiegosode informaron de la situación a organismos públicos (Ministerio Público e Instituto Paraguayo del Indígena), reiterando la solicitud de medidas de protección para sus parientes en aislamiento. La negativa actual para el acceso de los funcionarios transgrede las facultades de los organismos estatales y abre grandes interrogantes sobre lo que viene ocurriendo en terreno.

Fuente:
Gacetilla GAT

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Asunción, 17 de Octubre de 2008

En fecha 13 de octubre del corriente, las organizaciones que integran la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas en el Paraguay presentaron una nota al Presidente Lugo solicitando el cumplimiento de las garantías establecidas en las leyes ambientales, y demandan que la SEAM ejerza sus atribuciones, facultades, competencias y autonomía para dar cumplimiento al Dictamen de la Comisión Técnica de Biodiversidad, aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), de fecha 23 de julio del corriente año, por la que se dispone revocar la Licencia Ambiental y la Justificación Técnica para la creación de la Reserva Natural Yaguareté Porá de dominio privado no indígena. Igualmente solicitan la rápida intervención de esta Secretaría para suspender la deforestación en curso en la Finca Nº 22.277 (River Plate SA) y Finca Nº 22.278 (BBC SA), fracciones del Núcleo de la Zona Sur del Patrimonio Indígena.

Fuente:
Nota de la Red Indigenista al Presidente Lugo.

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Asunción, 16 de Octubre de 2008

La Contraloría General de la República (CGR) asegura que existen causales para cancelar la licencia ambiental a una empresa que explota una propiedad ubicada en Alto Paraguay. La institución revisó los documentos de la empresa Yaguarete Pora SA y asegura que “existen dudas sobre la veracidad del estudio de impacto ambiental” de la firma.

La CGR revisó la situación legal de la empresa Yaguarete Pora SA, a pedido de organizaciones no gubernamentales que denunciaron irregularidades. La entidad afirma hoy, a través de un comunicado oficial, que la empresa explota la finca número 13.122 ubicada en el departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.

Se “concluye que surgen indicios que ponen en duda la veracidad del estudio del impacto ambiental presentado por dicha finca, ya que el mismo ha obviado datos, desconociendo la existencia de comunidades indígenas ubicadas desde la década de 1990 en sus sitios históricos, y el registro y declaración del territorio como Patrimonio Natural y Cultural (Tangible e Intangible) Ayoreo Totobiegosode por Resolución 01/01 del Ministerio de Educación y Cultura”, afirma el documento.

La Contraloría llegó a esta conclusión tras realizar una auditoría a raíz de la Resolución 332/07 de la Secretaría del Ambiente, que concedió autorización a Yaguarete Pora trabajar la tierra en el mencionado sitio. La investigación se ordenó a pedido de la organización Pojoaju y la Asociación de ONGs del Paraguay. Las denuncias sobre el caso se presentaron a la CGR en diciembre del año pasado.

Un informativo de prensa señala que se encontraron omisiones, inexactitudes y contradicciones en la solicitud de la firma para crear una reserva y para implementar su plan de uso de la tierra.

Se informa también que estas irregularidades contradicen disposiciones establecidas en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y de Delitos Ecológicos.

La Contraloría, en síntesis, asegura que en este caso se han violado derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Una nota que comenta esta situación fue remitida a la Secretaría del Ambiente y al Ministerio Público.

Fuente:
Diario ABC Color