En nota remitida al Defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) manifiesta su sorpresa, y desconocimiento, acerca del Proyecto de Ley elevado al Congreso sobre el Derecho a Consulta de los Pueblos Indígenas.   En la nota se solicita la paralización de la propuesta hasta tanto se conforme una mesa interinstitucional que pueda revisar la misma, asegurándose la participación  en el diseño de un mecanismo de aplicación  efectiva de los derechos colectivos ya reconocidos y estipulados en el marco jurídico internacional.   A continuación se presenta in extenso la nota suscrita por Hipólito Aceves, presidente de la FAPI         Asunción, República del Paraguay, 03 de Mayo 2013     Señor Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo Defensoría del Pueblo Avda. Ygatimi y Juan E.O’leary – Edificio Robledo Asunción, Paraguay      Referencia: Proyecto de ley sobre el deber de Consulta presentado al congreso Nacional     Señor Defensor del Pueblo:     Ante todo permítame presentarme soy Hipólito Acevei, Presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), órgano que articula a 12 asociaciones indígenas de ambas regiones del Paraguay, a fin de manifestar algunas cuestiones relacionadas al punto de Referencia.     Por medio de la prensa local, hemos tomado conocimiento del interés de la Defensoría del Pueblo en impulsar una ley sobre consulta denominada “DE DERECHO A LA CONSULTA PREVIA  A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO”, según hemos leído y constatado, que la misma ya se encuentra siendo impulsadas por dos Diputados en la Cámara Baja de nuestra país.     Además de manera oficiosa hemos sido informados que las bases del mencionado proyecto se encuentran asentadas en varios marcos jurídicos nacionales y de otros países de América a fin de garantizar el deber de consulta por parte del Estado, pero:  Nos sorprende que para la construcción de dicho anteproyecto, no se han considerados documentos importantes que a nivel nacional se han avanzado en relación a la misma como ser el documento construido de manera interinstitucional denominado “fortalecimiento de capacidades institucionales”, donde se presenta el abordaje de los funcionarios públicos con las comunidades y pueblos indígenas y el deber de consulta por parte del Estado y el Derecho a la misma por parte de los indígenas. Dicho documento ha sido construido con la participación de varias instituciones públicas, organizaciones de la Sociedad Civil como así también Organizaciones Indígenas del Paraguay.  Además en el contexto internacional donde participa nuestro País  a través del gobierno se ha presentado varios documentos sobre consulta y consentimiento de los pueblos indígenas.      Hubiera sido muy fructífero que la Defensoría a su digno cargo, antes de presentar propuestas al Parlamento Nacional, hubiera revisado las acciones políticas de programas nacionales e internacionales donde participan y/o participaron la Secretaría de la Función Pública, el INDI, la SEAM, INFONA etc., específicamente en el Documento Programa Conjunto Nacional-PCN ONUREDD donde se encuentra una propuesta de consulta y consentimiento, que por el texto de vuestro trabajo se puede deducir que no ha sido consultado ni revisado.   Por último quisiéramos dejar en claro que ya el marco internacional conceptualiza los derechos fundamentales de nosotros como Pueblos Indígenas, las acciones a ser emprendidas por cualquier otra propuesta de ley, debe ser enmarcadas en las búsquedas de lineamientos para su aplicación, es decir se debe buscar “cómo aplicarlas” varios artículos que vuestro proyecto de ley conceptualiza lo ya acordado por leyes que ratifican Convenios Internacionales y nos parece que la interpretación realizada es muy restrictiva y eso nos parece preocupante y casi ilegal.   Por ello instamos al Sr. Defensor del Pueblo, en primer lugar solicitar al Parlamento la paralización de la propuesta presentada y llamar urgentemente a una mesa interinstitucional para la revisión de la propuesta del Proyecto de ley, además de trabajar de manera participativa en un mecanismo de aplicación efectiva de los derechos colectivos ya reconocidos y estipulados en el marco jurídico Internacional. En espera que esta nota de preocupación sea de sus interés, esperamos que puedan reverse estas acciones sin dañar nuestros derechos fundamentales. Atentamente.             HIPÓLITO ACEVEI Presidente de FAPI  

El ex titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Darío Quesnel, obtuvo ayer medidas alternativas a la prisión tras llegar a una caución, que le obliga a pagar 300 millones de guaraníes si no cumple con las medidas. La magistrada explicó que Quesnel ofreció un inmueble y dos vehículos del patrimonio familiar que totalizan G. 300 millones. De esta manera el imputado demostró que tiene arraigo en el país, por lo que consideró que no existe peligro de fuga, según la jueza María Gricelda Caballero. "Se le otorgó medidas alternativas atendiendo que estamos ante un hecho clasificado como delito en el Código Penal. Si bien él (Quesnel) no ha ofrecido caución hasta el tope solicitado por el Ministerio Publico, sí ha demostrado que tiene arraigo en el país y no se ha pedido presión preventiva por él", manifestó Caballero. También acotó que el Ministerio Público no hizo referencia a alguna obstrucción que pueda entorpecer la investigación del hecho por el que fue imputado el extitular del Indi. La fiscala de Delitos Económicos, Alba Delvalle, imputó a Quesnel el pasado 10 de abril por la presunta venta irregular de 25.000 hectáreas de tierras en Boquerón. ANTECEDENTES. El 15 de noviembre de 2012, el extitular del Indi respondió una solicitud para regularización de una cuestionada ocupación "dentro del inmueble propiedad del Indi" que había presentado Julia Vargas. Sin embargo, los ayoreos de Cuyabia, que habitan las tierras desde el 2010, afirmaron que nunca vieron a Vargas. Quesnel había dicho que la venta se realizaba para "cuidar" el patrimonio del Estado; pero, al contrario, habría vendido el inmueble al mismo precio que pagó el Indi en 1996, unos G. 1.250 millones.  Cuando se intentó inscribir en Registros Públicos, allí se negaron aduciendo que el Indi por ley no puede vender inmuebles. Días después, se concreta la titulación.  Fuente: Diario Última Hora 

Una comitiva de Derechos Humanos, se reunió con el fiscal general del Estado a quien le solicitaron que se respeten las tierras de la comunidad de los nativos de la tribu Sawhoyamaxa y que no sean desalojados de sus tierras.   En la reunión recordaron el caso en que el Estado Paraguayo debe restituir a los nativos sus tierras ancestrales, de acuerdo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006.   Asimismo, solicitaron la desestimación de una denuncia por invasión de dicho inmueble radicada por el ciudadano alemán Heribert Roeder, en contra de la comunidad.   La comitiva estaba integrada por Enrique Gauto, secretario ejecutivo de CODEHUPY; Rosalía Vega, secretaria de Amnistía Internacional; Dra. Line Bareiro, defensora de Derechos Humanos; Oscar Ayala e Ireneo Telles, abogados de la ONG Tierra Viva que representan a la comunidad. En la reunión también estuvieron presentes, la directora de Derechos Étnicos y la Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Dora Penayo y Clara Rolón.   El fiscal general señaló que desde la Fiscalía se realiza un constante seguimiento del caso, para que se precautelen y se garanticen los derechos de la comunidad indígena.   Se dijo que seguirán conversando, para que esto se resuelva lo antes posible, dado que ya son 7 años de que la sentencia no está siendo cumplida por el Estado.   En la comunidad Sawhoyamaxa vivien más de 100 familias que desde hace 23 años reclaman una propiedad que reivindican como territorio ancestral.   Fuente: Diario ABC Color

Región Oriental, Itapúa. (Por Raúl Cortese)  Sería cuestión de horas para que la Policía, una vez más, proceda al desalojo de familias indígenas que se encuentran ocupando desde hace años un asentamiento en tierras que son reclamadas por un particular.                                                                     Se trata del asentamiento indígena Makutinga, en el distrito de Carlos Antonio López, cuyas tierras, más de 700 hectáreas en total, están siendo reclamadas desde hace años vía judicial por Antoliano Sánchez.  La propiedad se encuentra a nombre del INDI (Instituto Paraguayo del Indígena). De acuerdo con los documentos que obran en el expediente abierto, un informe remitido por el entonces IBR (Instituto de Bienestar Social) en el año 2003 certifica que el particular en cuestión no registra ningún título de propiedad dentro del territorio paraguayo. Sin embargo, en marzo del año 2010, el INDERT remite un informe en donde aparece un título de propiedad a nombre de Antoliano Sánchez. "A través de una mensura judicial, se tiene que anular el título de este particular. De procederse a la expulsión de los indígenas, quedarían dentro de una porción de tierra insignificante", manifestó Héctor García, titular de la Secretaría del Indígena de la Gobernación de Itapúa.  El abogado Ricardo Ortega, asesor jurídico del INDI, envío un documento al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, reclamando la urgente suspensión del desalojo. En el año 1995, el inmueble fue adquirido por el INDI, con 763 hectáreas en total, que figuran en la Dirección General de Registros Públicos. A mediados del 2012, Sánchez logró una medida cautelar, solicitada para ingresar a las tierras con maquinarias para realizar trabajos agrícolas. Todo ocurre sin que en ningún momento el INDI haya tomado conocimiento ni haya sido notificado, y ni siquiera la comunidad indígena. La comunidad cuenta con medidas cautelares internacionales desde el atropello sufrido en el año 2010, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), y la misma está punto de ser violentada.     Se denuncia inminente desalojo de nativos. En el año 1995, el inmueble fue adquirido por el INDI, con 763 hectáreas en total, que figuran en la Dirección General de Registros Públicos.   Fuente: Diario última Hora

Región Oriental, Itapúa. Ante informes de inminente desalojo de la comunidad Makutinga,  Mbya Guaraní, fue presentada  una solicitud de urgencia de medida de no innovar.                                                       La solicitud fue acogida por el Tribunal interviniente y ha emitido como medida cautelar la prohibición de innovar de hecho y de derecho sobre la Finca No. 1468 del Distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, tierras de propiedad indígena. La comunidad sigue en vigilia, aguardándose se respeten las medidas judiciales.   Fuente: Asesoría Jurídica-Comunidad Makutinga   Providencia del Poder Judicial. 04. Abril, 2013. pdf  

Chaco, Presidente Hayes. La comunidad  Sawhoyamaxa volvió a ocupar sus tierras ancestrales, y dio a conocer un comunicado que expresa cuanto sigue:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        COMUNICADO   Luego de años de despojo volvemos a nuestras tierras ancestrales para recuperarla   Por este medio manifestamos que hoy es un día histórico para la comunidad, porque luego de más de 20 años de haber sido expulsados de nuestras tierras ancestrales y vivir al costado de la ruta, viendo cómo las vacas ocupan el lugar donde antes vivíamos nosotros, donde vivían nuestros padres, nuestros abuelos, hoy decidimos volver a ocupar Sawhoyamaxa, nuestras tierras ancestrales, porque esas tierras son nuestras y ya no queremos vivir al costado de la ruta, siendo testigos impotentes del nacimiento de nuestros hijos, así como de la muerte de nuestros padres y abuelos, en la ruta, frente a nuestras tierras, de las cuales estamos separados por un alambrado que instaló el ganadero Heribert Roedel, con la actitud cómplice del Estado paraguayo.   Durante más de 23 años recurrimos pacíficamente a todas las instancias, administrativas y judiciales, nacionales e internacionales, para recuperar nuestras tierras. Hemos utilizado todas las herramientas que, según las leyes, existen para recuperar lo que es nuestro. Sin embargo, a pesar de lograr una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro favor, hace siete años, seguimos en la ruta, sin ninguna esperanza de que el Estado nos restituya estas tierras. Por eso tomamos esta legítima decisión, porque no vemos ninguna esperanza de que el Estado haga lo que tenga que hacer para restituirnos nuestras tierras, desalojando al invasor.   La recuperación territorial es fundamental para nosotros porque de eso depende el futuro de la comunidad, porque a esas tierras están ligadas nuestras vidas y la de nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres; a estas tierras están ligadas nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Sin estas tierras corremos el riesgo de desintegrarnos como comunidad.   Al tiempo de comunicar esta reocupación, exigimos al Estado paraguayo que se abstenga de realizar cualquier acción que atente contra la comunidad en su legítima lucha de recuperar sus tierras, y que garantice que terceras personas no atenten contras nuestras vidas e integridad física. La inacción del Estado paraguayo al incumplir con sus obligaciones constitucionales de restituirnos nuestras tierras y no acatar la sentencia de la Corte IDH nos obliga a volver a ocuparlas de esta manera.   Hacemos un llamado de solidaridad a nuestros hermanos indígenas en apoyo a nuestra lucha; asimismo, apelamos a la solidaridad toda persona con sensibilidad hacia nuestros reclamos, exigiendo al Estado paraguayo la restitución de nuestras tierras. No más despojos a los pueblos indígenas. Restitución de tierras paraSawhoyamaxa!   Antecedentes del caso.   La comunidad, con más de 150 familias, está asentada en el km 370 y 390 a la vera de la ruta Rafael Franco, desde hace más de 20 años, cuando fuimos expulsados de las tierras por parte de ganaderos que se apoderaron del lugar que habitamos. En el año 1989 iniciamos ante el INDI el pedido de restitución de las tierras, y ante la falta de resultados de parte de las instituciones pertinentes del país, en el año 2000 recurrimos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la búsqueda de justicia para nuestra comunidad.   En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia favorable a nuestro pedido, obligando al Estado Paraguayo a restituirnos, en el plazo de tres años, más de 14.000 hectáreas de nuestras tierras, conocidas como Santa Elisa y Michi, hoy en manos de un ganadero de origen alemán de nombre Heribert Roedel, quien se dedica a la explotación ganadera en las tierras, y en esa zona tiene más de 60.000 hectáreas de tierras. A siete años de aquella sentencia, las tierras siguen en manos del ganadero y nosotros, la comunidad, al costado de la ruta.   Comunidad Sawhoyamaxa, 21 de marzo de 2013.     Carlos Marecos Líder de la Comunidad Tel.: 0981 362 873     Fuente: Comunidad 

Accionistas del gigante español de la construcción Grupo San José han sido instados a retirarse de la empresa después de que imágenes tomadas vía satélite pusieran de manifiesto la implicación de una de sus filiales en la destrucción de tierras habitadas por indígenas aislados.   Entre los accionistas de Grupo San José se encuentran los bancos españoles Ibercaja, Caja de Burgos y Banco Castilla-La Mancha.* Su filial, Carlos Casado S.A, es propietaria de una gran extensión del bosque del Chaco en Paraguay que está habitada por indígenas ayoreos no contactados.   Carlos Casado S.A., cuyo presidente es el magnate español (y fundador de Grupo San José) Jacinto Rey González, ha negado cualquier actividad ilegal, a pesar de que las imágenes por satélite demuestran que ha comenzado a trabajar en el corazón de la tierra de los ayoreos.   El año pasado las autoridades gubernamentales pillaron a la empresa in fragante mientrasdesbrozaba bosque y construía caminos y balsas de agua sin la licencia medioambiental requerida.   Muchos ayoreos ya han sido contactados y llevan más de veinte años reivindicando el título sobre las tierras propiedad de Carlos Casado S.A. Sus parientes aislados que permanecen en el bosque son extremadamente vulnerables a las enfermedades introducidas por foráneos, y cualquier contacto no deseado podría resultar mortal. Los ayoreos no contactados se ven obligados a huir ya que su bosque está siendo destruido rápidamentepara dejar paso al ganado.   Un ayoreo hizo el siguiente llamamiento a Survival: “Por favor, no toquen el bosque, porque nos da la vida. Por favor, paren a las excavadoras”.   En 2009 Survival International tuvo éxito en su campaña para conseguir que accionistas como la Iglesia de Inglaterra y el Rowntree Trust retiraran sus inversiones del gigante minero Vedanta Resources debido a la intención de la empresa de abrir una mina en la montaña sagrada de la tribu dongria kondh.   El director de Survival, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Las empresas multinacionales llevan siglos destruyendo a los pueblos indígenas y tribales con casi completa impunidad, violando la legislación nacional e internacional, con la vista puesta en los beneficios sin importarles el coste humano. Pero el caso de Vedanta demuestra que los accionistas no hacen la vista gorda cuando averiguan que su dinero está financiando abusos de derechos humanos. Grupo San José debería tomar nota y poner fin a la destrucción de los ayoreos aislados inmediatamente”.   Nota para periodistas:   *Ibercaja figuraba en una lista de accionistas de Grupo San José en 2009, mientras que Caja de Burgos y Banco Castilla-La Mancha figuraban como accionistas en 2010. Survival ha pedido a las entidades que confirmen si aún siguen figurando como accionistas, pero hasta la fecha no lo han hecho.   Fuente: Survival International http://www.survival.es/noticias/9039

CUYABIA, Boquerón. La Dirección General de los Registros Públicos del Poder Judicial autorizó la inscripción de las 25.000 hectáreas transferidas por el Indi a un particular, pero alertó sobre la inconstitucionalidad del hecho.   El 12 de octubre del 2012, la Dirección General de los Registros Públicos del Poder Judicial recomendó no registrar la escritura pública en la que se transfiere la finca Nº 10.245 del distrito de Mariscal Estigarribia a favor de Julia Beatriz Vargas Meza, donde habita el grupo local Atetadiegosode del pueblo Ayoreo.   El informe cita el Artículo 64 de la Constitución Nacional que reza “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra… El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles,… Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso conocimiento del mismo”.   Otro documento emitido por el Poder Judicial el 4 de enero del 2013 detalla que la Ley Nº 2.199/03 autoriza a Rubén Quesnel, el actual titular del Instituto del Indígena quien autorizó la venta de las tierras ancestrales, para realizar adquisiciones y venta de inmueble. Sin embargo, aclara que la normativa se refiere a las atribuciones del presidente del Indi “en el contexto de la operatividad de sus funciones públicas,… pero de ninguna manera es posible que una Ley vaya en contra de los preceptos constitucionales”.   Finalmente, Registros Públicos autorizó la inscripción del inmueble pero aclarando que la adquisición y venta de inmuebles es atribución del presidente del Indi, “quien lo reanaliza bajo su exclusiva responsabilidad”.   En noviembre del 2012, Quesnel vendió el territorio donde habita la comunidad Cuyabia a Julia Beatriz Vargas Meza, ciudadana oriunda de Ciudad del Este, pisoteando los derechos adquiridos por los indígenas y la propia Constitución Nacional.   Varios indicios indican que la transferencia sería un gran negociado, que implicaría a escribanos, abogados, particulares y funcionarios del Estado. Mientras tanto, topadoras continúan el desmonte de las tierras, amparados por la incertidumbre generada por la superposición de títulos y la transferencia ilegal de las tierras.   Por su lado, Quesnel asegura que solo hubo una regularización hasta tanto la justicia resuelva quién es el verdadero dueño e insiste que no vendió las tierras.   Fuente: Diario ABC Color

ALTO PARAGUAY.Los Ayoreo Totobiegosode denuncian este viernes que sigue la deforestación de sus tierras ancestrales en el departamento de Alto Paraguay, Chaco. Señalan que hasta la fecha, el Estado hizo caso omiso a sus reclamos. La organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) emitió un comunicado este viernes, donde indica que hasta la fecha siguen los trabajos de deforestación en el patrimonio forestal de los ayoreo. Mencionan que la tala ilegal se realiza en tierras trasferidas y tituladas a los nativos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el año 1997. Señalan que un grupo de personas ingresó al inmueble para deforestar en forma ilegal realizando corte de palo santo "exponiendo a una gran amenaza al ecosistema tan frágil, y en el mismo Chaco paraguayo y al mismo tiempo a nuestros parientes del bosque". Los nativos consideran que se están violando los derechos de los pueblos indígenas y también ambientales, al explicar que las comunidades en el Chaco están ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Chaco paraguayo "y la intención clara de estos grupos empresariales es deforestar y poner pastura para la ganadería", denuncian. A finales de febrero, la misma comunidad ya denunció la deforestación en sus tierras ancestrales. En aquella oportunidad el fiscal Ariel González de Filadelfia, se constituyó en el lugar para verificar los hechos, oportunidad en que se confiscaron motosierras. Sin embargo, la organización alega que siguen con los trabajos de desmonte. Asimismo, exigen al Estado paraguayo que se apegue al derecho, respetando las decisiones propias del Pueblo Ayoreo Totobiegosode y así cumplir con los derechos de las naciones indígenas que garantizan las leyes nacionales y los convenios internacionales, tal como el Convenio 169 de la OIT. Fuente: Diario Última Hora

La Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) dió a conocer en la fecha un comunicado, que expresa lo siguiente:   Paraguay: Denuncia a la Opinión Pública Nacional e Internacional Deforestación y Amenaza de contacto forzoso en Territorio Ayoreo Totobiegosode Alto Paraguay, Chaco, Chaidi 15 de marzo de 2013, La Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) y personas pertenecientes al pueblo Ayoreo Totobiegosode, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y  denunciamos cuanto sigue: 1.- Que hasta el día de hoy siguen los trabajos de deforestación en nuestro territorio ancestral, muy específicamente en el área de desplazamiento de Ayoreos Totobiegosode sin contacto,  afectando así tierras transferidas y tituladas a los indígenas por el Instituto de Bienestar Rural (actual INDERT) en el año 1997.   2.- Que recientemente un grupo de personas  ha ingresado a nuestro territorio reclamado haciendo  una deforestación ilegal dentro del mismo, realizando corte de palo santo exponiendo a una gran amenaza al ecosistema tan frágil, y en el mismo Chaco paraguayo y al mismo tiempo a nuestros parientes del bosque.   3.- Consideramos que esto es una violación de derechos  de los pueblos indígenas y también ambientales, ya que las comunidades de esta región se encuentran ubicadas dentro de la Reserva de Biosfera del Chaco paraguayo, y la intención clara de estos grupos empresariales es deforestar y poner pastura  para la ganadería.   4.- Este hecho expone al peligro de un contacto forzoso con Ayoreo Totobiegosode que aún viven su vida tradicional en aislamiento voluntario en los bosques de nuestro territorio ancestral situado en el departamento de Alto Paraguay, Chaco paraguayo.   ANTECEDENTES Como organización Ayorea  hemos peticionado formalmente al Fiscal General del Estado que asuma las medidas cautelares de no innovar en el área de los no contactados, sin embargo no se ha cumplido lo solicitado. Ante la falta de acción por parte del estado paraguayo, pobladores de las comunidades Totobiegosode hicimos un viaje de control dentro de nuestro territorio la segunda semana de febrero y así hemos constatado la deforestación dentro de las tierras reclamadas ante el Estado Paraguay desde el año 1993. Ante lo sucedido la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) formuló  una denuncia ante el Fiscal Ariel González de Filadelfia, quien se constituyó en tierras de nuestro Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (Alto Paraguay) paralizando así las acciones de desmonte, oportunidad en que se confiscaron diversas motosierras y se llamó a declaración a varios operarios, mientras se desarrollaba la investigación pública del caso. Sin embargo hasta  hoy se sigue con el desmonte. Ante esto exigimos: 1 - El respeto a la  Constitución Política de la República de Paraguay, que reconoce la existencia de  los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. (Constitución Nacional capítulo V artículo 62). El Estado Paraguayo, ha suscripto el Convenio 169. A cinco años de haber salido a la luz pública la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aun se sigue desarrollando una actuación pública con una carga racista, discriminadora, excluyente y desigual hacia las comunidades y pueblos indígenas del país.   2.- Que el pueblo Ayoreo Totobiegosode  ante cualquier proyecto que afecta su territorio tiene garantías. Por su derecho histórico sobre la tierra y el territorio y por los derechos que le asisten, tiene que ser consultado y respetado para cualquier proyecto que se quisiera ejecutar en su territorio. El Estado Paraguayo y el gobierno de Federico Franco, hasta el momento no han puesto atención a las demandas del pueblo Ayoreo Totobiegosode, como este caso específico de la deforestación en nuestro territorio ancestral reclamado ante los tres poderes del estado desde el año 1993.   3.- Exigimos al Estado, a los funcionarios de gobierno como el Instituto Paraguayo del Indígenas (INDI), a la Secretaria del Ambiente (SEAM), al Ministerio Publico y a la Corte Suprema de Justicia, que se apeguen a derecho, respetando las decisiones propias del Pueblo Ayoreo Totobiegosode y así cumplir con los derechos de los Pueblos indígenas que garantizan las leyes nacionales y los convenios internacionales, tal como el Convenio 169 de la OIT. A las organizaciones solidarias nacionales e internacionales pedimos  que estén atentas y que demanden el respeto sobre los proyectos en nuestro territorio. Para que no se deforeste más.   Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) payipieichadie@gmail.com

El Juez de primera instancia en lo civil y comercial del séptimo turno otorgó la medida de no innovar sobre la propiedad colectiva de la Asociación Paî Tavyterâ, denominado Paî Reta Joaju del pueblo Paî Tavyterâ.   Ello ocurre, luego de que vía acuerdo de sentencia 1.435/2012, la Corte Suprema de Justicia, refrenda la sentencia de 2009 del Juzgado de Pedro Juan Caballero a favor de “Agropecuaria Industrial Forestal Central del Paraguay -Estancia Paî Kuara, ordenando la realización del cercado que desmembraría unas 300 hectáreas del sitio sagrado de los Paî Tavyterâ, propiedad colectiva, del pueblo Paî Tavyterâ. La mencionada empresa ya es propietaria de más de 60.000 hectáreas en el distrito de Capitán Bado, Amambay.   La medida de no innovar, se solicitó ante el riesgo inminente que corre el Pueblo Paî de ser desalojado del Jasuka Venda y que parte del mismo sea “alambrado” por la mencionada empresa. El Jasuka Venda del Pueblo Paî Tavyterâ -asentado en más de 50 comunidades autónomas, ubicados en los departamentos de Amambay y Concepción- ha sido víctima sistemática de hostigamientos y de intentos de desmembramiento por parte de la empresa Agropecuaria Industrial Forestal Central del Paraguay conocida como Estancia Paî Kuara.   Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre el acuerdo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que la misma desconoce que la Constitución del Paraguay establece claramente la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, señalando que las tierras de los Pueblos Indígenas serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas (Art. 64).   También, la Corte ha ignorado que en el año 1990, el territorio en cuestión fue declarado Patrimonio Cultural Paî Tavyterâ, espacio sagrado, vía decreto emitido por el Poder Ejecutivo, el cual ofrece garantías establecidas en la citada Ley. Este ha sido un claro ejemplo más de despojo del territorio, la cultura y la identidad de los Pueblos Indígenas, y particularmente de los Paî, para quienes el Jasuka Venda, Patrimonio Cultural y Natural Paî Tavyterâ, “... es uno de los cerros más grandes y más significativos para nosotros los Paî.......Nuestro Gran Abuelo creo y desarrollo la tierra, el primer ser humano y todo cuanto existe en el mundo: animales, vegetales, las agua......creo de la materia originaria, el Jasuka, el cual está guardado, depositado en las cumbres sagradas del Jasuka Venda, antigua posesión de nuestros antepasados originarios de este territorio Paî Tavyterâ....” . Y dentro del Jasuka Venda, el lugar afectado por la sentencia de la Corte Suprema es uno de los yvyjekoka, el Ava Kua, lugar donde “descansan los espíritus de los grandes sabios/sabias y regentes Paî Tavyterâ” y donde, según el conocimiento-cosmovisión Paî es el lugar “inicio de la vida y desde donde los dioses se han elevado al infinito y desde allá vigilan-protegen el desarrollo de su creación”     La Corte Suprema desconoció la propia Constitución del Paraguay e hizo caso omiso a los continuos reclamos del Paî Retâ Joaju, e incluso ignoró el pedido de acción de inconstitucionalidad que solicitaron, en noviembre de 2009, comparecieron las autoridades religiosas y políticas Paî (Tekoharuvicha) y en audiencia con el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, reclamaron el acatamiento y defensa de la Ley 209/93, que restituyó la propiedad del Jasuka Venda al pueblo Paî Tavyterâ.     SAI- Servicio de Apoyo Indígena.       Telf. (595-21) 44 37 66     PRJ-Asociación Paî Reta Joaju    sai@sai.org.py   –  federacionguarani@gmail.com

Chaco, Bahía Negra. Por Aldo Benítez.  A pesar de que cuenta con una riqueza única como lo son sus recursos naturales, Bahía Negra se está convirtiendo casi en una ciudad fantasma.                                                                                                                                                                                                                                   La mayoría de los jóvenes se va  en busca de alternativas y ya no regresa. La falta de oportunidades laborales y de estudios son las claves de esta migración masiva.   En Bahía Negra, Alto Paraguay, da la impresión de que el tiempo no pasa. El ritmo de vida es lento y la población parece estar anestesiada, muy lejos del ajetreo diario que se tiene en otras ciudades del país.   No obstante, hay una preocupación en la ciudad que se hace notoria con solo caminar por sus calles o conversar con sus habitantes. La migración masiva de jóvenes a Asunción o a otras capitales departamentales.   Los jóvenes no encuentran una razón para quedarse en Bahía Negra. Con muy pocas oportunidades laborales y la nula proyección para el sector académico, las posibilidades dentro de la ciudad son escasas. La idea de progresar está lejos de la tierra que los vio nacer, por lo que se van muy jóvenes buscando mejores alternativas.   El destino más requerido casi siempre es Asunción. En la capital del país están los sueños de cualquier joven de Bahía Negra que quiere seguir trabajando o estudiando tras terminar el colegio. No obstante, una gran parte también migra a Concepción, donde realizan cualquier tipo de trabajo mientras buscan oportunidades de estudio.   Según registra el Censo Nacional, en 2008 la población de Bahía Negra llegaba a los 3.900 habitantes. Hoy, desde la propia ciudad aseguran que ya no quedan más de 2.000 personas residentes.   Bahía Negra muestra un contraste enorme entre la riqueza natural que posee y las escasas oportunidades que ofrece para que sus habitantes puedan progresar. Con un caudaloso río Paraguay, quizás uno de los más importantes de todo el continente, con la fauna y flora hermosa que hacen al gran Pantanal, la ciudad tiene prácticamente todo para convertirse en un enorme polo turístico de naturaleza.   Sin embargo, el escaso interés que demuestran las autoridades municipales y distritales por la suerte de Bahía Blanca hace que la ciudad, en la práctica, dependa de los víveres o productos para vender que llegan cada viernes con el barco “Aquidabán”.   Otra parte de los que todavía se quedan en Bahía Negra presta servicios en las estancias de la zona.   Hacer de Bahía Negra un punto turístico de naturaleza para aprovechar el Pantanal de manera sustentable es cuestión de planificación y de establecer políticas públicas al respecto. Es una vía que puede generar empleo para una ciudad histórica del Gran Chaco, que tiene gran potencial para convertirse en un centro de atracción para visitantes de todos lados.   Fuente: Diario ABC Color

El obispo responsable de la Pastoral Indígena, Lucio Alfert, criticó la venta de una propiedad de 25.000 hectáreas ocupadas por los ayoreos.                                                                                                                                                    “El Indi no tiene derecho, ni puede vender tierra de los nativos”, lamentó. La Constitución dice claramente que el inmueble no se puede vender.   Cuyabia tiene 25.000 hectáreas, compradas por el Indi en 1996. Se encuentran a 640 km de la capital, sobre la Picada 108, a 35 Km al Sur de Tte. Picco. Este inmueble fue adquirido por el Indi sin el consentimiento de los ayoreos, originarios de ese territorio. El Indi hizo firmar la solicitud de compra a un grupo de Guaraní Ñandéva. Estos últimos consiguieron otro inmueble y cedieron la propiedad adquirida a los ayoreos. Estando allí los indígenas ayoreos, a punto de gestionar la personería jurídica, se encontraron con que las tierras habían sido a su vez vendidas por el Indi.   El obispo se quejó de la falta de sinceridad del titular del Indi, Rubén Quesnel, quien frente al presidente Federico Franco, dijo que no vendió las tierras. Sin embargo, tiene documentos que prueban que el Indi negoció la propiedad.   Al respecto ABC, accedió a documentos, como la Nota Indi PNº 327/12 que se remitió a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, en la cual el Indi dispone la “plena transferencia” de la Finca Nº 10245, con padrón Nº 307, con 25.000 hectáreas a favor de la señora Julia Beatriz Vargas Meza.   Este documento tiene fecha 20 de noviembre de 2012. También posee la copia del título de la transferencia que se hizo ante la escribanía de Justina Maribel Esteche Bareiro, donde Quesnel transfiere la propiedad y reconoce que recibió el importe de G. 1.250.000.000 en cheque.   Contamos, además, con la solicitud de pago de impuestos a la transferencia de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, donde también se consigna la venta.   Según Alfert, la propiedad fue transferida a 50.000 guaraníes la hectárea, la misma suma que se pagó en 1996, cuando que hoy cuesta de diez veces y más que ese monto.   “El Indi es el ente encargado de defender los territorios de los indígenas. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como anteriores al Estado paraguayo, mientras que en el Art. 64 dice claramente que se les debe proveer tierras aptas gratuitamente, las que no podrán ser arrendadas ni vendidas. El Indi no tiene derecho, ni puede vender tierras compradas para indígenas”, concluyó. En Cuyabia viven 19 familias.   Fuente: Diario ABC Color

Obispos del Paraguay visitaron al presidente Federico Franco este jueves. Fueron a entregar una carta con una posición respecto a la venta de tierras en el territorio de los ayoreos.                                                                                        Monseñor Claudio Giménez y otros miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) visitaron este jueves al presidente Federico Franco en el Palacio de Gobierno. En la ocasión, entregaron una carta al jefe de Estado; en la misma que se aborda una situación denunciada en los medios. Se trata de la venta de una propiedad ubicada en el territorio ancestral ayoreo, y que fue promovida por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).   Se desconoce en detalle el contenido de la nota, y solo se maneja el contenido en general.   Antecedentes   La carta aborda la venta de las tierras ubicadas en territorio ancestral de los ayoreos. Según los antecedentes, el INDI compró 25.000 hectáreas en 1996 en el noreste de Mariscal Estigarribia, Boquerón por un total de G. 1.250 millones.   Como dichas tierras eran para los Guaraní Ñandeva, estos se negaron a ocuparlas respetando el hecho de que las mismas pertenecen a los ayoreos. En el 2010 los ayoreos retornaron a sus tierras ancestrales e instalaron la comunidad Cuyabia. Pese a esto, el INDI decidió vender la propiedad de los ayoreos a una mujer identificada como Julia Beatriz Vargas Meza de Ciudad del Este, al mismo precio al que fue comprado hace 16 años.   Esta venta violó se realizó ignorando la función del ente y la misma Constitución Nacional, específicamente el artículo 64.   Los nativos presentaron una medida de no innovar en la propiedad que el INDI vendió ilegalmente, al tiempo de realizar varias movilizaciones reivindicando la posesión de la propiedad.   Otros pedidos   Monseñor Claudio Giménez, luego de entregar la carta al mandatario, brindo una rueda de prensa donde se dirigió a los candidatos a quienes exigió unas elecciones limpias.   “Pido a los políticos que terminen las confrontaciones. Todos somos paraguayos”, expresó.   Fuente: Diario ABC Color

Los indígenas de diferentes comunidades del Chaco levantaron el cierre de rutas que realizaban sobre Mariscal Estigarribia, Chaco, luego de reunirse con autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).                                                                                                                                                                La medida de fuerza fue a raíz de que el Gobierno -dicen- no actúa ante los reclamos del sector. La medida de fuerza fue levantada tras la reunión realizada entre el director jurídico y funcionarios del Indi con los líderes nativos.   Durante la reunión, los indígenas explicaron todos sus reclamos a las autoridades del Indi. No obstante, un grupo de nativos quedará en Mariscar Estigarribia hasta el miércoles, día de la audiencia testifical en la Fiscalía de Filadelfia, informó la Secretaría de Comunicación (Sicom)   Posteriormente, todos regresarán a sus comunidades en compañía de funcionarios del Indi y del Indert para verificar en el lugar los ilícitos denunciados.   Más de 350 indígenas, en su gran mayoría representantes de los tres departamentos del Chaco, realizaron la medida de fuerza -explicaron- a raíz de que el gobierno de Federico Franco no actúa ante los reclamos que hace más de un mes realizan.   Los nativos dicen que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) atentaron contra sus derechos con la venta irregular de sus tierras   Los ayoreo habían denunciado al Indi por la venta irregular de sus tierras. La comunidad se llama Cuyabia, a 80 kilómetros al noreste de Mariscal Estigarribia, donde el propio presidente del ente, Rubén Quesnel, realizó la venta de unas 25.000 hectáreas.   Con los guaraníes de Siracua, en cambio, ocurre que el mismo Indert otorgó a un supuesto brasileño partes de esta tierra. La solución a este caso fue la expulsión del supuesto brasileño, y todos los expedientes de solicitud de compra fueron suspendidas por el Indert, en tanto se realicen los estudios pertinentes para determinar quién es el dueño de 22.500 hectáreas.   Fuente: Diario última Hora

La  Confederación Sindical Internacional (CSI) se pronunció ante Federico Franco  por la violación de derechos indígenas acontecida con la venta  de tierras de la Comunidad Cuyabia en el Chaco, Dpto. de Boquerón. .   La CSI denuncia violación de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT y solicita la inmediata nulidad de la transferencia del inmueble realiza por el titular del INDI. El texto de la nota expresa cuanto sigue:     Sr. Federico Franco Presidente República de Paraguay Asunción Paraguay 28 de febrero de 2013     Preocupación ante la venta de tierras ancestrales de pueblos indígenas   Sr. Presidente:   La Confederación Sindical Internacional (CSI) que congrega más de 300 afiliadas nacionales en todo el mundo, entre las que se cuentan la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), se dirige a Usted a fin de denunciar un hecho grave de violación de los derechos indígenas por parte de su gobierno.   Hemos sido informados por nuestras centrales afiliadas en Paraguay sobre la venta ilegal de tierras ancestrales de los pueblos indígenas Guaraní Ñandeva y Ayoreo de Cuyabia ubicada al noreste de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.   Los indígenas fueron despojados de 25 mil hectáreas de tierras, a favor de la empresaria Julia Beatriz Vargas Meza, por la suma de 1.250.000 millones de guaraníes, por parte del propio presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Rubén Quesnel, en complicidad con los directivos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), conforme las denuncias presentadas por los compañeros y compañeras afectados.   Cabe recordarle que la Constitución Nacional de Paraguay reza taxativamente en su Capitulo V, Art. 64 sobre la propiedad comunitaria que:    “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; así mismo, estarán exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.   Es también de su conocimiento que Paraguay ha ratificado en 1993 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El mismo establece expresamente que los pueblos indígenas deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.   El convenio 169 expresa aún en su Artículo 18 que:   “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.   Como consecuencia de la violación de sus derechos los grupos indígenas no han tenido otra alternativa a no ser ejercer el derecho a la libertad de expresión en una protesta que se realiza en la ruta de la zona de Mariscal Estigarribia. Ellos exigen la destitución del Presidente del INDI e INDERT. A esta acción las organizaciones sindicales internacionales son solidarias.   Sr. Presidente:   Le solicitamos que ordene la inmediata nulidad de la transferencia del inmueble realizada por el Presidente del INDI, Rubén Quesnel. Además, todas las medidas necesarias deben ser adoptadas para la protección de los miembros que conforman la Comunidad Indígena Cuyabia. La CSI le insta a hacer lo necesario para que se investigue las responsabilidades administrativas, civiles y penales ante este grave hecho.   Como expuesto anteriormente, consideramos que hay suficiente evidencia de una violación grave al Convenio 169 ratificado por Paraguay. En conjunto con nuestras afiliadas, debo informarle, que al no tomarse las providencias que garanticen los derechos de los pueblos indígenas mencionados, consideraremos la presentación de una queja frente la Organización Internacional del Trabajo (OIT).   Sin otro particular, le saluda atentamente,   Sharan Burrow Secretaria General   Fuente: Confederación Sindical Internacional (CSI) Nota de la CSI. pdf

Chaco. Boquerón. El juzgado de Filadelfia concedió una medida de no innovar en las 25.000 hectáreas donde habita una comunidad de ayoreos (Cuyabia), que fue vendida por el Instituto Nacional del Indígena (INDI), a cargo de Rubén Quesnel. El Juzgado multifuero de Filadelfia, a cargo del Juez Juan Carlos Molas, hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por la comunidad Cuyabia para proteger las 25.000 hectáreas donde habitan, informaron los abogados de los mismos en un comunicado a la prensa. La medida impulsada por el Poder Judicial prohíbe cualquier alteración física dentro del inmueble, como la prohibición de vender, transferir, hipotecar, entre otros. Actualmente ya se encuentran topadoras realizando desmontes dentro del predio, según denunció la comunidad. El predio, ubicado al noreste de Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón, había sido adquirido por el INDI en 1996 para los Guaraní Ñandeva, que no se mudaron al sitio por considerarlo territorio ancestral del Pueblo Ayoreo. En el 2010, los líderes de la comunidad Guaraní Ñandeva cedieron el territorio a un grupo de ayoreos, que se trasladaron al sitio conocido como Cuyabia. En noviembre del año pasado, el actual titular del ente, Rubén Quesnel, transfirió la propiedad a Julia Beatriz Vargas Meza, según el protocolo de transferencia, pisoteando la misión de la institución y la propia Constitución Nacional, además de diversos tratados internacionales. Por esta medida, la Unión Nacional de Ayoreos del Paraguay (Unap) demandó a Quesnel ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, siendo la Fiscal Alba del Valle la encargada de la investigación. El grupo realizó varias protestas y cortes de ruta repudiando la acción. Por su lado, Quesnel aseguró que realizó la transferencia del inmueble para regularizar las tierras hasta que la justicia defina el propietario.  Fuente: Diario ABC Color

Chaco. Mariscal Estigarribia. Por Luís Echagüe.  Un grupo de ayoreos de Cuyabia y los guaraníes de Ciracua, Ñu Guasú y Pykasu, del Departamento de Boquerón, Chaco, siguen la medida de fuerza, iniciada la semana pasada, y con paciente espera por una solución del Gobierno a sus reclamos. Tanto los ayoreos, como la gente de Ciracua desean que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) solucionen lo más rápido posible el despojo del que fueron objeto. "Vamos a seguir con nuestra lucha, porque hasta ahora no se da ningún resultado positivo a nuestro reclamo" expresó Isabelino Bogado, líder de la comunidad de Pykasu. Este fin de semana no realizaron ninguna acción porque dijeron que sería en vano, porque las instituciones públicas solo funcionan hasta el viernes, por lo que cerrar la ruta no tendría tanto significado. La medida de fuerza se retoma nuevamente hoy con el cierre en el kilómetro 524 de la ruta Transchaco. Señalan que aguardarán la presencia de los presidentes del Indi e Indert como también de la Secretaría del Ambiente (SEAM), además del Instituto Forestal Nacional (INFONA) para el día de mañana. Hubo una promesa de parte de estas instituciones que estarán presentes el martes, y "de acuerdo a la negociación vamos a seguir o de lo contrario nos trasladamos hasta cruce de los Pioneros para una mayor presión", dijo Bogado. AVANCE DE SOJA Y DEFORESTACIÓN. Según manifestación del líder Isabelino Bogado es muy preocupante para los pueblos indígenas del alto Chaco la presencia de brasileños en los territorios que ellos reivindican como ancestrales, porque deforestan impunemente miles de hectáreas para el cultivo de la soja, aparentemente con el aval de la Seam. En la zona también se encuentra el médano que por ley está protegido para salvaguardar las especies existentes que no hay en otro lugar.   Fuente: Diario Ultima

La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas en el Paraguay (FAPI) se pronunció ante Federico Franco por violaciones a derechos colectivos de comunidades indígenas en el Chaco. El texto de la nota remitida al Palacio de López, con fecha 21 de Febrero en curso,  expresa cuanto sigue: Señor Presidente: En mi rol de Presidente de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), me dirijo respetuosamente a Usted a petición de la Comisión Directiva de esta articulación, compuesta por 12 asociaciones indígenas de ambas regiones del país a fin de manifestar cuanto sigue: En primer lugar estamos sumamente preocupados por la falta de respuesta efectiva de su Gobierno al reclamo legítimo que se encuentran realizando Organizaciones Indígenas del Chaco Paraguayo, en virtud a violaciones de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, visibilizadas a través de estas movilizaciones que se encuentran realizando por las reivindicaciones de sus territorios. La FAPI expresa que la venta de tierras aseguradas para comunidades indígenas por parte de la actual administración de INDI, atenta contra los principios y normas constitucionales, además de violentar el Estado Social de Derecho que en nuestro país tiene vigencia desde la promulgación de la Constitución Nacional en el año 1992. Señor Presidente, es inadmisible el despojo que sufre la Comunidad Cuyabia del Pueblo Ayoreo, promovida por funcionarios de su gobierno que pone en peligro la vida y seguridad de los mismos. Por otra parte, estamos convencidos que las violaciones a los derechos fundamentales tanto territoriales como ambientales deben ser denunciados, perseguidos y reparados, por ello exigimos también para que la Comunidad Siracua, del Pueblo Guaraní Ñandeva, que fuera agredida por la deforestación de su territorio, sin que hasta la fecha ninguna autoridad Nacional o Departamental realice acciones de reparación o indemnización del atentado sobre sus recursos naturales, provocados y permitidos por las mismas autoridades, que ha dejado preocupados y en sufrimiento a las familias afectadas. Sería una lástima que su gobierno sea recordado, en el Concierto de las Naciones, como la administración que ha vulnerado derechos constitucionales y territoriales de los Pueblos Indígenas, dejando un precedente nefasto para la figura política y jurídica del Paraguay. Por último, exigimos URGENTEMENTE pronta solución favorable a esta situación provocada por su Gobierno. Atentamente Hipólito Acevei Presidente de FAPI   Fuente: FAPI

FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). La Comisión de Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo CPI-Chaco dio a conocer un manifiesto, en el que denuncia la indiferencia del Gobierno frente a supuestos atropellos a territorios indígenas. Anunciaron medidas extremas como cortes de rutas y hasta toma de instituciones, a partir del próximo lunes en Cruce de los Pioneros, Dpto. de Presidente Hayes.   El reclamo se refiere específicamente a la falta de solución definitiva a los casos de una presunta invasión y atropello a la propiedad titulada de las comunidades Sirakua Centro y Segunda Trinchera en la zona de Nueva Asunción, así como la supuesta venta ilegal de 25.000 hectáreas de la comunidad ayorea Cuyabia, en zona de Tte. Pico.   Los nativos ya se habían manifestado el mes pasado en la ciudad de Mariscal Estigarribia, sin recibir una respuesta definitiva a sus reclamos. Por ello volverán a manifestarse, señalaron.   “Como agravante de los atropellos que sufrimos los pueblos indígenas del Chaco, recibimos una última información sobre una nueva invasión y atropello del territorio tradicional reclamado desde el año 2009, por la Organización del Pueblo Ñandéva, en la fracción fiscal comprendida entre el Hito 2 y las tierras de la comunidad de Pykasu”, dijeron.   Según la nota, un topógrafo contratado por una sociedad ganadera había comentado que, tras consulta al Instituto del Indígena (Indi), sobre la posible afectación de tierras de nativos y la autorización o aval del mismo ente, iniciaron trabajos de amojonamiento y picadas de doble carril en una superficie de aproximadamente 40.000 hectáreas a favor de una sociedad. “Ante todo esto, entendemos que el Indi, antes que órgano rector y protector de los derechos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una inmobiliaria que atenta sistemáticamente contra los derechos territoriales indígenas”, dice el documento.   Las organizaciones aborígenes exigen al Gobierno asumir en forma seria la cuestión y destituir a los titulares del Indi e Indert y su equipo colaborador.   Fuente: Diario ABC Color

Por David González. Unas 2 millones de hectáreas manejan los uruguayos en el país. Principalmente están diseminados en la zona chaqueña. Los productores manejan elevada tecnología que les ayuda a sacar ventajas del suelo paraguayo.   En un poco más de 15 años, los productores pecuarios uruguayos han aumentado sus negocios en el país, adquiriendo tierras para la explotación ganadera con elevada tecnología. Esta expansión lleva a una ocupación del 12,5% del área destinada a la ganadería en el país. Según fuentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), existen entre 1,8 a 2 millones de hectáreas manejadas por productores uruguayos, esparcidos por el Bajo, Centro y Alto Chaco. La superficie destinada a la explotación ganadera en el país asciende a 16 millones, según datos del último Centro Agropecuario Nacional. Esta migración no es casualidad. El empresario multimedios del segmento rural, Martín Olaverry, en contacto con ÚH, comentó que en Paraguay existen varios factores que seducen a los productores uruguayos. Entre ellos, la baja carga impositiva registrada en Paraguay, ya que en Uruguay, los productores deben pagar el 25% sobre la renta, además de otro 10% de aporte jubilatorio, tasas para la lucha contra la aftosa y el Instituto Nacional de Carnes y el destino de fondos para viviendas rurales. Mientras que en Paraguay el ganadero paga Imagro, o en algunos casos Iracis y la carga no llega al 10%. Otro factor importante a tener en cuenta es el costo de la tierra. Cuando llegaron los primeros uruguayos en la Región Occidental, el precio de la tierra oscilaba entre USD 30 a USD 100 la hectárea; hoy llega a promediar entre USD 400 a USD 800 la hectárea, mientras que en Uruguay, las propiedades netamente ganaderas están entre USD 3.000 y USD 3.500 la hectárea y, en caso que cuente con aptitudes para la agricultura, puede elevarse a USD 7 y USD 10 mil, indicó Olaverry. A su vez, Rodrigo Artaveythia, director de la empresa Estudio 3.000 en Paraguay, quien fue uno de los primeros en venir al país a invertir en este segmento en 1995 y, que a partir de aquella época, ha ayudado para que otros más vengan a producir en el Chaco paraguayo, dijo que existe una dinámica de inversión y de precios que sigue en expansión en la zona chaqueña. Agregó que si bien el precio de la tierra ha venido incrementándose en torno a un 20% anual en la zona de la Región Occidental, cada vez más siguen llegando más inversionistas interesados en apostar a la producción en el Chaco.  VENTAJAS. Olaverry dijo que otra ventaja importante de producir en Paraguay está dada al costo de producción. Entre insumos y gasoil, hacer ganadería en el Chaco cuesta entre 50 y 60% más barato que en Uruguay. Agregó que otro factor tenido en cuenta es el precio del ganado, ya que, pese al escenario aftósico en Paraguay, los precios registrados en Uruguay estaban iguales o por debajo de los niveles de cotización que en Paraguay. En Uruguay también no existen muchas oportunidades de seguir expandiendo la actividad pecuaria, por una limitación natural, además de la presión de la agricultura, que va ganando terreno sobre campos ganaderos, principalmente respaldada por argentinos y brasileños que apuestan a la soja y el maíz en el país rioplatense.  Tanto es así que una frase común en Uruguay dice que con "Artigas (José G.) llegó la ganadería a Uruguay y con Cristina (Kirchner), la agricultura", relacionando a la mandataria argentina, con la migración de argentinos que abandonaron su país para invertir en rubros agrícolas. Artagaveythia indicó que existen muchas empresas que están ingresando al negocio, con el objetivo firme de producir, dejando de lado las especulaciones. Agregó que en Uruguay logran generar una producción de carne por hectárea de 100 kilos, mientras que en el Chaco, 160 o 170 kilos por hectárea. Los productores charrúas, de tradición ganadera, van incorporando nuevas tecnologías en este segmento, donde Paraguay tiene aún mucho por crecer. A la vez, mediante la producción en campos donde anteriormente no se utilizaban, están ayudando a dinamizar la economía local.  En términos generales, en Paraguay existen unas 7,4 millones de hectáreas, principalmente manejadas por colonos brasileños, que cuentan con 4,5 millones de hectáreas, explotando agricultura en la Región Oriental y, ganadería en la Región Occidental, según la investigación "Extranjerización del territorio paraguayo", realizado por Marcos Glauser. EL MODELO EXPULSA A CAMPESINOS  La producción a nivel empresarial genera un proceso que comienza con el arrendamiento de pequeñas fincas, continúa con la compra de inmuebles y termina arrinconando a la agricultura familiar en bolsones aislados, con escasa posibilidad de sobrevivencia, dándose el sistema de los agronegocios, que es poco recomendable, según el exministro de Hacienda, Dionisio Borda. El exministro de Hacienda señala que la expansión acelerada de los agronegocios y la ausencia de una política de apoyo a la agricultura familiar están reproduciendo la pobreza en el campo.  Si bien es cierto que se han implementado políticas sociales focalizadas para reducir la pobreza rural en los últimos años, las mismas no han sido acompañadas por políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar. RAZONES DE LA INVASIÓN CHARRÚA 1- Bajos impuestos en Paraguay, comparativamente a la carga impositiva en Uruguay. 2- Reducido costo de la tierra en Paraguay. Nueve veces más cuestan las tierras en Uruguay. 3- Presión de la agricultura. Los argentinos van a invertir en rubros agrícolas en Uruguay,     desplazando a la ganadería. 4- Costo de producción. En Paraguay cuesta 50% más barato que en Uruguay. 5- Pocas oportunidades para la expansión en Uruguay. 6- El precio del ganado se mantuvo en Paraguay, pese a la aftosa. "ES MÁS VENTAJOSO INVERTIR EN PARAGUAY" El empresario multimedios del sector rural en Uruguay, Martín Olaverry, dijo que es mucho más ventajoso producir en Paraguay, porque, por una parte, el costo de producción es mucho más bajo que en Uruguay y, por otra, el precio del ganado en Paraguay se mantiene con una tendencia al alza, a diferencia de Uruguay, donde permanece a la baja.  "HAY UNA DINÁMICA QUE SIGUE CRECIENDO" Rodrigo Artagaveythia, uno de los pioneros en invertir en Paraguay y empresario de compraventa de tierras, comentó que en el Chaco existe una dinámica que sigue creciendo, razón por la cual, pese al incremento sostenido de la tierra, siguen llegando más productores y empresas que desean apostar a la producción pecuaria sin ningún margen de especulación. Las cifras 16 millones de hectáreas, de las 40 millones con que cuenta el país, están destinadas a la ganadería. 20% por año viene aumentando el precio de la tierra en el Chaco paraguayo, últimamente. 400 dólares la hectárea cuestan en promedio las tierras en el Chaco, pero llegan a USD 800. la ha. 3.500 dólares es el precio promedio de las tierras ganaderas en Uruguay por hectárea.  35% sobre las ganancias pagan en impuestos los productores en Uruguay. En Paraguay no llega al 10%. 50% más barato cuesta producir en el Chaco paraguayo, comparativamente a Uruguay.  60 kilos más por ha. de productividad de carne consiguen los productores en el Chaco paraguayo. 7,4 millones de hectáreas están en manos de extranjeros, de acuerdo a una investigación. Fuente:  Diario Última Hora  

Cerca de 825.000 hectáreas se deforestaron en el Chaco paraguayo en los últimos tres años, con aumento sostenido de la tasa, según el informe de la organización Guyra Paraguay.   En el 2012 desaparecieron unas 306.000 hectáreas de montes en el Chaco paraguayo, con 7% de incremento con relación al 2011.   En el Paraguay se registró la deforestación de 232.000 hectáreas en el 2010, mientras que en el 2011 los desmontes ascendieron a 287.000 hectáreas y para el 2012 la superficie de cambio de uso de la tierra llegó a 306.000 hectáreas en la región Occidental de nuestro país, según el informe divulgado por Alberto Yanosky, director de la ONG Guyra Paraguay.   De acuerdo con el balance del informe de monitoreo satelital, que no determina la legalidad o ilegalidad de la acción, la deforestación diaria del Chaco paraguayo durante el 2012 fue de unas 833 hectáreas.   En forma general, e incluyendo a los países que abarca, el Gran Chaco Sudamericano perdió 1.623 hectáreas de bosques por día en el mes de diciembre del 2012, contra 1.089 hectáreas por día del mes de noviembre de ese año.   Yanosky estima que el aumento en la tasa de deforestación se debe en gran medida a los periodos sin lluvias prolongados que caracterizaron al mes, lo cual posibilitó el trabajo de las maquinarias empleadas en los desmontes.   “A modo de comparación, las 50.311 hectáreas deforestadas durante diciembre, juntando las áreas de Argentina Paraguay y Bolivia, equivaldrían a la superficie de más de cuatro veces la ciudad de Asunción, o a dos veces la ciudad de Buenos Aires”, señala.   De las 50.311 hectáreas de bosques que registraron cambio a uso agropecuario en el mes de diciembre del 2012, Paraguay registró el mayor porcentaje de deforestación, con 51% de áreas de desmonte, seguido por Argentina con 45% y Bolivia con el 3,6%. En el gran Chaco se perdió 506.556 hectáreas de montes en el 2012, de las cuales 306.827 hectáreas correspondieron al Paraguay.   Para diciembre del 2012, se destaca nuevamente la deforestación ocurrida en Argentina en la provincia de Córdoba, el desmonte se realizó en una zona de “protección boscosa”, según la Ley de Bosques que figura en el 3er. Informe Sobre Ley de Bosques: Panorama de los OTBN en la Región Chaqueña Argentina.   Proyección a 45 años   En el Chaco paraguayo se estima que existen unas 14 millones de hectáreas de bosques, lo que dividiendo por el área de deforestación que se registró durante el 2012, que fue de 306.827 hectáreas, obtenemos que si sigue el mismo ritmo de avance del cambio de uso de la tierra, en 45 años todo será pradera en dicha región.   Fuente: Diario ABC Color

Por Aníbal Modesto Velázquez. Fiscalía no se expide sobre el caso Cuyabia. La venta ilegal de una propiedad de 25.000 hectáreas ocupadas actualmente por los ayoreos en el Chaco, dispuesta por el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, dejará un nefasto antecedente en el indigenismo, porque implicará que en el futuro se podrá despojar a los nativos de otras propiedades.     La transacción transgrede normas constitucionales y debe ser anulada, hecho que conllevará más perjuicios contra el Estado por defraudación.   Según los documentos a los que accedió ABC Color, la propiedad de 25.000 hectáreas, ubicada a 70 kilómetros de la ruta Transchaco, sobre la Picada 108, a 35 kilómetros al sur de Teniente Pico, en el departamento de Boquerón, y a unos 640 kilómetros de Asunción, fue comprada por el Estado durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, a Friedrich Heckleler.   En ese entonces, era presidente del Indi Valentín Gamarra, quien por este tipo de negociados estuvo varios años en la cárcel.   En aquella ocasión, el lote costó 1.250.000.000 de guaraníes, a razón de 50.000 guaraníes la hectárea.   El inmueble era para asentar a los guaraní ñandéva, pero como estaba en el territorio tradicional de los ayoreos, al poco tiempo fue abandonado hasta que los mismos guaraní ñandéva, en abril de 2010, decidieron ceder la propiedad a los ayoreos, quienes la bautizaron como Cuyabia.   El propio Indi había participado, junto con la Gobernación de Boquerón, del traslado de los ayoreos a esa propiedad. Es así que las 20 familias que fueron al lugar no hicieron otra cosa que reasentarse en un territorio que por años les perteneció. La comunidad (Cuyabia) incluso fue beneficiada con el proyecto de Regularización de Tierras Indígenas (RTI), en un claro ejemplo de la existencia como tal. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2012, ante la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, el Indi, presidido por Quesnel y durante el gobierno de Federico Franco, procedió a concretar un acto único y sin precedentes al vender el inmueble a Julia Beatriz Vargas Meza en el mismo precio (G. 1.250.000.000) que compró para los nativos.   Este acto es totalmente ilegal porque de ninguna manera su resolución puede estar sobre las leyes, convenios internacionales ni la propia Constitución.   El Convenio 169, Tratado Internacional de Derechos Humanos, ratificado por el Estado paraguayo en 1993, dice claramente que los nativos deben ser consultados cada vez que se van a tomar medidas susceptibles de afectarles directamente.   El Capítulo V de la Constitución, que en la prelación de las leyes está por encima de otras normas jurídicas, incluso sobre los convenios internacionales, también prohíbe negociar las tierras indígenas.   La venta de la propiedad deja un nefasto antecedente en el indigenismo, que de no anularse, abre las puertas para que el ente también proceda a vender otras tierras, que costaron muchos sacrificios tanto al Estado como a los nativos.   Aun así, el acto jurídico que celebró el Indi ya expone al Estado a una futura demanda, porque de ser anulada la venta ante la justicia, la afectada, en este caso la señora Vargas Meza, tiene todo el derecho de accionar por defraudación y estafa.   Los indígenas agrupados en la Unión de Nativos Ayoreos de Paraguay ya denunciaron el caso ante la Fiscalía General del Estado y con base en los antecedentes, pidieron la anulación de la transferencia así como el procesamiento del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Quesnel, por haber actuado en contra de los intereses de los aborígenes.   La investigación del caso, según los abogados de los indígenas, está a cargo de la fiscala Alba Delvalle, quien deberá expedirse en los próximos días.   Fuente: Diario ABC Color

EFE.- Una firma chileno-estadounidense informó hoy sobre el hallazgo de una veta de hierro en el Chaco y anunció una posible inversión de 2,5 millones de dólares para proseguir con las prospecciones.   El representante de la empresa Darmatal, Juan Parra, puso al tanto de ese hallazgo al presidente Federico Franco, durante una reunión en la que también participó el viceministro de Minas y Energías, Hugo Cacace.   Parra mencionó que gracias a los primeros estudios lograron obtener datos que revelan la existencia de minerales, especialmente hierro en una zona del Chaco que no fue especificada, según se hace eco la agencia pública IP Paraguay.   El representante de la empresa de capital extranjero dijo, además, que, de acuerdo con los indicios, podría tratarse de un yacimiento con capacidad para producir 5 a 6 millones de toneladas de ese mineral al año.   También explicó que obtuvieron esas proyecciones a través de un estudio de campo que demandó una inversión de 530.000 dólares y que analizan la posibilidad de realizar nuevas prospecciones que tendrían un costo aproximado 2,5 millones de dólares.   Parra comentó que los primeros estudios se hicieron luego de que otra empresa que lleva a cabo prospecciones de petróleo en la zona detectara la existencia de hierro en el lugar.   El viceministro de Minas y Energías, por su parte, mencionó que la empresa extranjera tramita actualmente una licencia que debe ser otorgada por el Gobierno para continuar con los trabajos de exploración.   El 5 de diciembre pasado, Franco participó en el acto de inicio de las nuevas prospecciones de petróleo en Boquerón (Chaco), a 450 kilómetros al noroeste de Asunción.   Un mes antes, el jefe de Estado había anunciado que "en la cuenca del Pirity (Chaco) se ha encontrado petróleo" y habló sobre la posibilidad de que Paraguay se convierta en un país petrolero, aunque poco después Cacace aclaró que necesitan avanzar en la exploración para comprobar si la producción será rentable.   El Chaco es una vasta región semidesértica y poco poblada en la mitad norte de Paraguay.   El país busca petróleo en esa región desde hace años, ya que tiene una total dependencia de las importaciones tanto de derivados de ese hidrocarburo como de gas.   Fuente: Paraguay.com

Por Luís Echagüe. Chaco,  Mariscal Estigarribia. Unos 350 indígenas de las etnias Ñandéva y Ayoreo, cierran la ruta 9 Carlos Antonio López, desde el mediodía de este lunes, solicitando la destitución de los presidentes del Indert y del Indi.   Reclaman una respuesta inmediata sobre la situación de unas tierras ocupadas.   Los indígenas de la etnia Ñandéva exigen una respuesta sobre unas tierras situadas en Siracuá, donde unas 22.500 hectáreas fueron ocupadas por un brasileño, según denuncian. Los nativos manifiestan tener los títulos de propiedad por lo que exigen respuesta sobre dicha situación.   Por otra parte, los ayoreos reclaman al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) la venta de unas 25 mil hectáreas en la comunidad de Cuyabia.   Tanto los ayoreos como los ñandéva piden la destitución del presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luís Ortigoza y del titular del Indi, Rubén Darío Quesnel Velázquez.   La manifestación se desarrolla de forma pacífica y tras dialogar con los policías que acudieron a la zona, acordaron dar paso a la circulación de vehículos a las 15:00. Sin embargo, apuntaron que de no obtener respuesta a sus reclamos endurecerán sus protestas.   Esta manifestación se realizó inicialmente en La Patria, a 140 km. de Mcal. Estigarribia, pero los indígenas decidieron dirigirse a la ruta 9 para conseguir más adherentes.   Fuente: Diario última Hora

El Ministerio de Justicia y Trabajo coordinará las acciones tendientes a dar solución al problema de tierra a varias comunidades chaqueñas que recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recuperar sus territorios.   Esta misión estaba coordinada hasta hace poco por la Procuraduría, que al no tener los resultados esperados, movió al Gobierno a pasar la coordinación de las negociaciones a cargo de la secretaría de Estado.   Actualmente, dos comunidades: Sawhoyamaxa y Xamok Kasek del pueblo enxet, esperan acceder a la tierra propia.   Los nativos de estos asentamientos, que se encuentran al costado de la ruta que une Concepción con Pozo Colorado, Chaco, habían recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recuperar sus territorios. Pero como los gobiernos de turno no les restituyeron sus tierras, recurrieron a la CIDH, y esta instancia condenó al Paraguay a devolverles las tierras reclamadas, así como al pago de una indemnización a los nativos, quienes durante el litigio perdieron incluso a varios seres queridos, que fallecieron como consecuencia del abandono que sufrieron.   Sawhoyamaxa, por ejemplo, reclama 14.400 hectáreas actualmente en poder del ganadero Heribert Roedel. Los nativos recibieron la propuesta de reasentamiento en las tierras de la estancia Pedernal, pero la rechazaron, según nos informó el abogado de la organización no gubernamental Tierraviva y de los aborígenes, Ireneo Téllez.   Xamok Kasek pide 1.701 hectáreas, parte hoy de la propiedad de Roberto Eaton, quien se niega a negociar esas tierras.   Kelyenmagategma es otra de las comunidades que han recurrido a la CIDH, instancia que emplazó al Estado hasta diciembre de este año para que indemnice a los aborígenes. La ministra de Justicia Lorena Segovia está en el Chaco visitando las comunidades para interiorizarse de cada uno de los casos.   Téllez manifestó su optimismo por la solución de los problemas de tierra de los nativos pertenecientes al pueblo enxet. Cree que solo con el diálogo se puede destrabar el conflicto, y que este llevará a que los nativos recuperen sus tierras ancestrales.   Fuente: Diario ABC Color   Decreto No. 10.449 de Diciembre, 2012. pdf

Un pueblo indígena de Paraguay cuyo modo de vida fue calificado de atrasado en una importante serie de televisión de la BBC ha respondido al programa.   Historia del Mundo, del realizador Andrew Marr, recrea el momento en 1998 en el que dos miembros del pueblo indígena ayoreo de Paraguay establecieron un primer contacto con foráneos. Según Marr, era igual que “humanos primitivos que se enfrentan a la humanidad moderna”, y el momento en que los ayoreos “se encontraron frente a frente con el siglo XX”.   Los ayoreos están consternados ante la falsa y dañina afirmación de que su tribu vive prácticamente igual que el hombre prehistórico de hace decenas de miles de años.   En un comunicado los indígenas han defendido su modo de vida: "Escuchamos que alguna gente cojñone [gente blanca, literalmente “gente extraña”] dijo que nosotros los ayoreo totobiegosodes, y nuestros parientes en el monte, vivimos en el pasado, que no somos modernos, que vivimos atrasados".   “Nosotros los ayoreo totobiegosodes, vivimos como queremos vivir. Nuestra cultura tiene su propio camino. Los que ya estamos en contacto con los cojñone conocemos cómo viven ellos, lo que ellos dicen progreso. Y nosotros vamos a seguir viendo como ayoreos”.   “Podemos decir también que todos nosotros somos modernos porque existimos [hoy] como Ayoreo, como existen los otros, los cojñone [hoy]”.   Andrew Marr describe el contacto de 1998 como “un encuentro casual”, pero en realidad el grupo de ayoreos se había visto forzado a abandonar el bosque, ya que estaba siendo arrasado, algo que sigue sucediendo en la actualidad.   Survival International también ha escrito a la BBC, ya que la narrativa del programa es contraria a sus propias directrices, según las cuales “se debe evitar confundir a un pueblo no industrializado con uno que no es parte del mundo moderno o del siglo XXI”.   El director de Survival, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Es inexcusable que un programa bandera de la BBC proclame tales prejuicios. Sus descripciones dan a entender que los ayoreos son como los primeros humanos, y por consiguiente por detrás en la cadena evolutiva, atrasados, primitivos. Este tipo de lenguaje lleva siglos siendo utilizado para apuntalar la destrucción de las tierras indígenas y la usurpación de sus recursos y territorios. Es vergonzoso que la televisión pública británica utilice abiertamente lenguaje discriminatorio”.   “Además de discriminatorio, es equivocado. Los ayoreos no viven en absoluto como los primeros humanos, y a lo largo de milenios han vivido una serie de adaptaciones y cambios extraordinarios. Marr piensa que, simplemente porque los ayoreos son cazadores-recolectores, deben de vivir como los primeros hombres lo hacían. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna prueba para apoyar este argumento, que es, simple y llanamente, una patraña”.   Fuente: survival

La Federación de Comunidades Guaraníes ha emitido un comunicado, resuelto en su reunión ordinaria de los días 11 y 12 del mes en curso, manifestando su firme rechazo a la venta de tierras de la comunidad ayoreo Cuyabia, Chaco Paraguayo, acción del INDI que califica  de criminal.  El manifiesto expresa:     Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional   La Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay, conformada por las siguientes asociaciones: Asociación de Comunidades Paî Tavyterã “Paî Reta Joaju”, Asociación de Comunidades Mbya No’a ñendua, Asociación de Comunidades Ava Guaraní No’ovusu, Asociación de Comunidades Ava Guaraní Tupa Yvoty, Asociación de Comunidades Indígenas de Canindejú, Asociación de Comunidades Mbya Ñogueroi Pave’î, Asociación de Comunidades Mbya Opy Pora mbaraetevera, Asociación de Comunidades Mbya Mba’e Pu Pora y Asociación Ache Linaje.   MANIFESTAMOS:   Nuestra solidaridad con nuestros hermanos Ayoreo de la Comunidad Cuyabia, Boquerón Chaco y nuestro apoyo a las acciones que están realizando para la recuperación de sus tierras vendidas por el representante del Poder Ejecutivo a través del INDI.   Rechazamos categóricamente el criminal accionar del presidente del INDI Lic. Rubén Quesnel, que con el acto de venta de las tierras pertenecientes a la Comunidad Indígena Cuyabia, la expone a situaciones de zozobra e intranquilidad, siendo él mismo el responsable de precautelar los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.   Exigimos el cumplimiento de acciones de la Fiscalía General del Estado Paraguayo, tal como lo manda la Constitución Nacional en su artículo 268, inc. 2do “promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas…”.   Peticionamos a las autoridades pertinentes la sanción a los autores, cómplices y encubridores responsables de este grave hecho que lesiona los derechos de los Pueblos Indígenas de Cuyabia.   Estaremos atentos a los acontecimientos que conllevan a actos de regresión contra los intereses de los Pueblos Indígenas del país y exigimos del Poder Ejecutivo que subsane este hecho y garantice a los Pueblos Indígenas su tranquila convivencia en el marco del cumplimiento de los preceptos legales que nos amparan.   Catalino Sosa, Amado Duarte, Reinaldo Duarte, Ernesto Vera, Agustín Vera, Isidro Ramos, Atilano Legal, Marcelino  Ramírez, Inocencio Duarte, Teodocio Espinola, Eusebio Vera, Antonio DuarteComunicado original

La REDESPI ha emitido un pronunciamiento sobre la grave situación actual de los pueblos indígenas en el país, que expresa cuanto sigue:  COMUNICADO A LA OPINÓN PÚBLICA Flagrante retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas en el Paraguay   A raíz del creciente deterioro del tratamiento asignado a la cuestión indígena por los órganos y agentes estatales con facultades y atribuciones para ello, y las consecuentes implicancias en la vida comunitaria de los Pueblos, la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDEPSI) manifiesta a la opinión pública nacional e internacional, cuanto sigue:   Con indignación y profundo desaliento se asiste hoy a las acciones del órgano estatal INDI, rector de la política pública destinada a los pueblos indígenas. Declaraciones y gestiones del representante del Ejecutivo nacional al frente de la entidad, señor Rubén Quesnel, configuran un panorama de graves retrocesos para las garantías que requieren los derechos de comunidades indígenas, amenazadas tanto en el chaco como en la Región Oriental del país.   El paso de los recientes meses no ha hecho más que corroborar las aprehensiones sobre el accionar del INDI: sostenidos, y publicitados, intentos de compra fraudulentas de tierras; nula participación en la políticas públicas de los Pueblos Indígenas garantizando su consulta y participación; desprotección de comunidades a las que se coloca en absoluta vulnerabilidad, como el último desalojo que sufrieran los Avá Guaraní de Yva Poty en Canindeyú, situaciones éstas que vienen violentando sistemáticamente los derechos humanos de estos pueblos.   El último hecho, denunciado ante las autoridades correspondiente y a la opinión pública, la venta de las 25.000 has. de tierras asiento de la comunidad Ayoreo Cuyabiá constituye el mayor retoceso en la historia moderna de Paraguay en materia de derechos de los Pueblos Indígenas: la venta de tierras indígenas de parte del ente llamado a protegerlas.   El hecho en sí, resultaría no sólo violatorio del artículo 64 de la Constitución del Paraguay, de la Ley 904/81 y de la jurisprudencia internacional, como instrumentos que otorgan el marco jurídico en el cual debe desarrollarse las acciones del Estado sino que constituyen en sí, la negación total de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y el desconocimiento más absoluto sobre el vínculo cultural y esencial que los indígenas desarrollan en su territorio. Lo anterior, perpetrado por el presidente de la institución principalmente responsable de dar cumplimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas es el indicador más claro de la degradación en la que se encuentra el Estado Paraguayo en la materia.   Como REDESPI, no ahorraremos esfuerzos para buscar la verdad de los hechos denunciados y anunciamos que acompañaremos cada una de las acciones comunicacionales y judiciales incoadas por los Pueblos Indígenas. Alentaremos la identificación de cada uno de los responsables directos de estos lamentables hechos, que amparados en sus cargos públicos han quebrantado la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y Leyes específicas que ampara a los Pueblos Indígenas del Paraguay, y en especial hoy a la violentada Comunidad Ayoreo Cuyabiá, para que los mimos sean sancionados como corresponde.     Instamos a la sociedad toda, a la comunidad internacional y a los órganos de control de derechos humanos regionales e internacionales a no permanecer pasivos ante lo denunciado y a sumar esfuerzos en procura de instituir el estado de derecho, cautelando las garantías que la norma establece para los pueblos indígenas en el Paraguay. Teresa Vargas                       Hna. Raquel Peralta                            Julia Cabello     TEKOHA                                    CONAPI                                    TIERRAVIVA    Jorge Vera                             Emilio Caballero                                 Floriana Alcaraz     GAT                                           SAI                                                OGUASU                                               Comunicado original -  pdf

Región Oriental. Itakyry. Indígenas de cinco comunidades instaladas en un inmueble con más de dos mil hectáreas en la zona de Itakyry anunciaron que están preparados para la guerra” y que habrá un “baño de sangre” en caso que la Policía intente hacer cumplir una orden de desalojo firmada en agosto pasado y que ya fracasó en dos ocasiones. Advirtieron que se encuentran armados y preparados para un enfrentamiento similar al registrado en Curuguaty en junio pasado, cuando seis policías y once campesinos fallecieron. Orrego, de la comunidad indígena Loma Tajy, visitó nuestro diario e indicó que manejan información que esta semana la Policía intentaría nuevamente desalojarlos del inmueble de 2.638 hectáreas, que se encuentra en litigio con la firma Impasa S.A., gerenciada por el brasileño Roberto de Souza. La propiedad se encuentra en la colonia San Francisco Javier de Itakyry, y allí viven unas 200 familias indígenas de la parcialidad Avá Guaraní. “No vamos a dejar que extranjeros nos saquen nuestra tierra, donde vivimos hace más de 100 años. Nosotros estamos acuartelados y preparados para resistirnos y no vamos a salir. Por bien o por mal vamos a quedarnos. Si hay un derramamiento de sangre va a ser culpa de los jueces y fiscales. Va a pasar otra vez así como en Curuguaty, pero esta vez entre indígenas y policías”, indicó tajantemente el líder indígena. El mismo manifestó que cuentan con un título de propiedad que les fue proveído por el Instituto Nacional del Indígena (Indi) en 1996 y que la firma Impasa S.A. solo posee un contrato privado que data del 2010. ANTECEDENTE La orden de desalojo que pesa contra los indígenas fue firmada el pasado 16 de agosto por la juez Máxima Meza de Maldonado, quien en la época interinaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, donde la causa fue a parar luego de que magistrados de Minga Pora y Hernandarias se inhibieran. El 22 del mismo mes, el oficial de justicia Julio Duarte trató de hacer cumplir el mandamiento junto con agentes de la Agrupación Especial de Protección Ecológica y Rural (Aper). Los mismos no dieron aviso de nada a la Jefatura de Policía y acabaron pidiendo socorro luego que los indígenas los rindieran. El propio jefe de policía, Comisario Principal Serafín Núñez, tildó de irresponsables a los mismos. El 20 de septiembre del corriente, la Policía nuevamente intentó hacer el desalojo con más de 300 efectivos, pero al encontrar a los indígenas armados decidieron suspender el operativo para evitar un derramamiento de sangre.   Fuente: Diario La Jornada

La Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) denunció al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Darío Quesnel Velázquez, por la venta de tierras que pertenecen al pueblo Ayoreo y que se encuentran en la actualidad habitadas por la comunidad Cuyabia, en Boquerón, Chaco.   La presentación fue hecha por los abogados Maximiliano Mendieta Miranda, Julia Cabello Alonso y Óscar Ayala Amarilla ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la fiscalía.   Según la denuncia, el pasado 2 de noviembre del presente año, el titular del Indi transfirió un inmueble de 25.000 hectáreas a Julia Beatriz Vargas Meza.   Además de las 19 familias que integran la comunidad Cuyabia, existen evidencias creíbles sobre la presencia de indígenas en aislamiento voluntario, cuyas vidas, solamente pueden ser protegidas y garantizadas a partir de la protección de su hábitat tradicional, dice la denuncia que recuerda que las tierras indígenas son intransferibles.   Fuente: Diario ABC Color

La FAPI dio a conocer un pronunciamiento, que expresa cuanto sigue:Nuestra articulación reunida en Plenaria en Asunción, capital de la Republica del Paraguay los días 22 y 23 de Noviembre de 2012, que aglutina a 12 Organizaciones Indígenas de ambas regiones del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional a fin de hacer llegar su voz  de protesta e indignación por los {últimos acontecimientos que violentan los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas, que son ocasionados por autoridades nacionales del Paraguay. En esta coyuntura, vemos en peligro la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, por las reiteradas actuaciones ilegales e ilegitimas realizados tanto por miembros del Poder Judicial como por Funcionarios del Poder Ejecutivo. Se demuestra claramente que en nuestro país, históricamente no se cumple con lo estipulado en la Carta Magna, en especial, en todo lo relacionado a los derechos colectivos de los Pueblos y Comunidades indígenas, prueba de ello fue el reciente caso de desalojo sufrido por los hermanos Avá Guaraní de la Comunidad Y‘va Poty, del Distrito de Villa  Ygatimi, del Departamento de Canindeyú, quienes fueron expulsados de tierras aseguradas a través de una orden judicial, que viola las normas constitucionales, hasta la fecha las autoridades del Poder Judicial no han tomado acciones para reparar el daño o iniciar una investigación a tan dudosa actuación del Juez de la zona. Otra situación extrema que avizoramos es la desprolijidad e ilegitimidad en la actuación del actual presidente del Instituto Paraguayo del indígena INDI, Sr. Rubén Quesler, quien ha realizado un acto nulo e ilegal de venta de una propiedad adquirida por dicha institución para comunidades indígenas de CUYABIA, del Pueblo Ayoreo. La misma ubicada en Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. Esta actuación del INDI denota una falta total coordinación y articulación entre los propios estamentos gubernamentales nacionales y regionales, dejando expuesto la desprolijidad de las acciones del Poder Ejecutivo. Exigimos la nulidad de dicho acto retroceso jurídico que carece de toda legitimidad y legalidad, exhortamos al Presidente de la Republica que emprenda las acciones administrativas necesarias, para enmendar y reparar el grave daño causado a las Comunidades Indígenas afectadas directamente y esperamos que el Ministerio Público accione contra quienes han violado con celeridad el mandato constitucional, lesionando los derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas, en estos graves casos. Nos solidarizamos con las Comunidades de YVA POTY y CUYABIA, e instamos a que las instituciones de aplicación, impulsen para devolver inmediatamente sus Territorios Tradicionales, además de todas las acciones políticas que se emprendan para exigir la reparación de la violación a sus derechos garantizados en la Constitución Nacional. Si en verdad, el Sr. Federico Franco, quien detenta la Presidencia de la República del Paraguay, tiene un interés de gobernar el País sin exclusión para todos los habitantes del Paraguay, debe tomar acciones transparentes que demuestren que su Gobierno actúa según las normas Constitucionales y las mismas deben ser visibles y no dejar dudas a toda la sociedad.   Hipólito AceveiPresidente de FAPI  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Región Occidental Organización Payipie Ichadie Totobiegosode-OPIT; Organización Pueblo Enlhet Norte-OPEN; Organización Mismo Indígena-OMI; Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario-ASADEC; Federación de pueblos y Organizaciones Indígena-Chaco Py. –FEPOI; Organización Federación Regional Indígena del Chaco Central-FRICC.   Región Oriental Asociación Che´iro Ara Poty; Asociación Paí Tavytera Pavé; Asociación Avá Guaraní Alto Canindeyú – AAGAC; Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes Alto Paraná-ACIGAP; Asociación Teko Yma Jehea Pave; Asociación de Comunidades Indígenas Mbya Guaraní de Itapúa-ACIDI.

Mariscal Estigarribia, Chaco. Orlando Gómez, corresponsal. El inmueble, de 25.000 hectáreas, fue adquirido por parte del INDI en mayo de 2011 para la parcialidad indígena de San Lázaro de la etnia Guaraní Ñandéva. Sin embargo, esta comunidad cedió las tierras a los ayoreos.   El fin de semana pasado, los ayoreos se enteraron de la venta de sus tierras en la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, donde se reunieron con sus pares indígenas del Pueblo Guaraní para tener mayores datos sobre el tema.   El coordinador de la Organización del Pueblo Guaraní (OPG), el profesor Oscar Toro Lezcano, informó a los ayoreos sobre la venta de sus tierras por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), adquiridas en su momento para la comunidad indígena, denominada Cuyábia, territorios de los ayoreos ancestrales.   La fracción de 25.000 hectáreas se encuentran a 85 kilómetros al noreste de Mariscal Estigarribia, Chaco. Los nativos, encabezado por el presidente de la Unión Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP), se reunieron el pasado lunes y anunciaron la demanda contra el Estado Paraguayo.   En la escritura pública, N.º 73, de la división comercial A, de fecha 2 de noviembre de 2012, de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, obra la transferencia del referido inmueble a la señora Julia Beatriz Vargas Meza por parte del INDI, cuyo presidente Rubén Darío Quesnel Velázquez, firmó la transferencia en representación del Gobierno.   La propiedad fue adquirida dentro del proyecto de Regulación de Tierras Indígenas (RTI) entre 2009 y 2010. Domingo Gaakay, presidente de la UNAP, sostuvo que la actuación del Estado es muy grave. “Nos sorprende totalmente, nunca imaginamos que el presidente del INDI, involucrando a algunos indígenas esté haciendo esto.   “Nosotros los ayoreos y otros hermanos, como los Guaraní, no lo vamos a permitir que el Estado juegue por nosotros, en ningún momento el Estado puede vender propiedad indígena, ellos ponen la Ley, es inembargable y ahora que ellos están haciendo, ellos mismos están pisando la Ley, resaltó Gaakay. A mi me preocupan esta actitud de este presidente, pero de todos modos ya estamos llevando el caso con nuestro abogado, se violan nuestros derechos, sentenció. Según un documento revelado el 25 de mayo de 2011 al director ejecutivo de Alter Vida, Víctor Benítez Insfrán y la entonces presidenta del Indi, Lida Acuña, el Estado paraguayo había adquirido las mencionadas tierras de Eugenio Sanabria Cantero las 25.000 hectáreas fueron adquiridas para la comunidad indígena San Lázaro de la etnia Guaraní Ñandéva. Sin embargo, por ser territorio ancestral de los ayoreos, la comunidad San Lázaro les cedió las tierras a los mismos.   Fuente: Diario La Nación

Región Oriental. Canindeyú-VILLA YGATIMÍ (Pablo Medina, corresponsal). Si bien el magistrado de Curuguaty Carlos Goiburú Bado restituyó la finca 170 a los indígenas que habían sido desalojados, estos decidieron no volver a ocupar el inmueble, por temor a ataques de capangas del empresario brasileño Paulo Ferreira de Souza. Los nativos denunciaron que personales al servicio del extranjero realizaron disparos con fines intimidatorios para evitar el reingreso   La líder nativa Zunilda Cáceres señaló que los miembros de la comunidad decidieron mantenerse con sus pertenencias a los costados de la carretera que une Ypehû con Villa Ygatimí, para evitar posibles ataques de personal contratado por el brasileño, que logró la orden de desalojo de las familias con más de dos décadas de ocupación.   Los personales del brasileño realizaron disparos de arma de fuego y recorren a la noche en camionetas para intranquilizar a los indígenas y evitar así el reingreso a la propiedad de la que fueron desalojados el pasado martes. “Es muy peligroso, no hay seguridad en el lugar. Tenemos muchas criaturas y ancianos que se quedaron muy mal después del desalojo”, se lamentó   El empresario Ferreira de Souza está radicado en la localidad brasileña Sete Quedas y resulta imposible conocer su versión. Un allegado del extranjero prometió proporcionar el número de teléfono o celular, pero todo quedó sin respuesta.   La mujer calificó de burla la orden de desalojo dictada por Goiburú Bado para despojar a los indígenas de su propiedad. “Es vergonzoso cómo actúa la justicia contra un pueblo indígena, pero no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Los 170 indígenas desalojados vamos a exigir la recuperación definitiva del inmueble y que los responsables del procedimiento sean castigados”, dijo.   Unos treinta indígenas se instalaron desde ayer frente al juzgado de Curuguaty, para exigir que el magistrado Carlos Goiburú Bado sea procesado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.   Fuente: Diario ABC Color

Región Oriental. Canindeyú. Familias indígenas de la parcialidad Ava Guaraní fueron desalojadas de una propiedad privada en la colonia Yva Poty, Villa Ygatimí, Canindeyú. El procedimiento terminó sin mayores incidentes, a pesar de que en un principio los ocupantes intentaron resistirse, informó la Policía.   Unas diez viviendas y una escuela fueron echadas con tractores para despejar el inmueble perteneciente a un productor brasileño, explicó el comisario principal Atilio Ferreira, jefe de Policía de Canindeyú. La propiedad en litigio fue ocupada hace diez años por los nativos, y hace dos meses salió la orden de desalojo que fue ejecutado este martes, dijo el comisario Ferreira, quien encabeza el operativo junto al fiscal José Zarza. "Aproximadamente 50 indígenas habitaban el predio. El desalojo comenzó a tempranas horas de la mañana de este martes y al principio los ocupantes intentaron reaccionar, pero se pudo superar mediante diálogos", explicó el jefe policial. Fuente: Diario Última Hora

Región Oriental, San Pedro. El titular del Indi, Rubén Quesnel, adelantó este domingo que la institución no comprará las tierras de Unión en San Pedro para las parcialidades Ava y Mbya Guarani, debido a que no se llegó a un acuerdo con los propietarios del inmueble.   En una entrevista con Telefuturo, Quesnel se mostró a favor de la compra, pero finalmente descartó su adquisición, explicando que no se concretó el acuerdo con los propietarios.   Negó que las tierras fueran inundables, alegando que durante su visita pudo constatar que existe polvo y que solo hay una parte fangosa y con un arroyo. También aseguró que la propiedad sí es apta para el cultivo. Para ello mostró un ejemplar de mandioca que creció en el lugar y que presentaba buen estado.   Dijo que también hay una zona boscosa, ideal para la caza y la pesca. Recordó que el lugar es apto para ganado y añadió que la variedad de ecosistemas hace de Unión un sitio indicado para las comunidades indígenas.   En 2011, las tierras de Unión, de 7.862 ha., ubicadas en el departamento de San Pedro, eran ofrecidas por el dueño a G. 62 mil millones. Pero ese precio fue rebajado G. 11 mil millones, quedando en poco más G. 50 mil millones.   El monto fue sugerido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y aceptado sorpresivamente por el dueño, el ganadero Eliodoro Cohene.   Estas tierras, en el 2009 se ofertaron por G. 1.000 millones, pero a fines de 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, pasaron a valer G. 62.000 millones. La compra es requerida por un grupo mbya y ava guaraní, liderados por Panta Piris, con el respaldo del gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, y los dirigentes de la Liga Nacional de Carperos (LNC), José Rodríguez y Eulalio López.   No obstante, unas 35 comunidades indígenas de los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Alto Paraná se pronunciaron en contra de la adquisición, argumentando que prácticamente se destinará todo el presupuesto de un año del Indi a la compra de estas tierras, que según indicaron, son inservibles.   El Ministerio de Agricultura también había presentado un informe técnico donde explicaba que las tierras no son aptas para el cultivo, además de ser inundables.   Fuente: Diario Última Hora

Región Oriental. San Pedro. Además de la sobrefacturación y los informes técnicos desfavorables, el proceso para la compra de las tierras de Unión está plagado de irregularidades. Los primeros peticionantes, por ejemplo, ya renunciaron al inmueble. Los actuales propulsores, en cambio, son líderes con tierra.   De acuerdo a una nota recibida en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Eduardo Domínguez, Emiliano Garcete, Aquilino Martínez y Catalina Domínguez fueron quienes peticionaron la compra de las 7.862 hectáreas en el distrito de Unión, departamento de San Pedro. Ignacio Flores Ferrari fue quien les presentó la idea, aquel que enjuició a un difunto para apropiarse de su inmueble y luego venderlo al Indi.   “Flores Ferrari nos dijo que las tierras eran buenas para la agricultura. Nos llevó a una oficina y nos hizo firmar el pedido para la compra”, dijo ayer Catalina Domínguez, quien es una de las indígenas acampadas frente al Indi.   Agregó que la primera vez les mostraron solo la parte alta, pero en una segunda visita constataron que en su mayoría eran terrenos bajos.   Ella, al igual que su sobrino Eduardo Domínguez, hoy se niegan a ir a San Pedro porque son de Caaguazú. Emiliano Garcete también ya se afincó en Horqueta, al igual que Aquilino Martínez, en Caaguazú.   Con la renuncia de estos nativos, aparecieron Panta Piris, un dirigente que tiene más de 500 hectáreas, y el educador chaqueño Miguel Toro. Estos nativos dicen que allí serán reubicados los sintierras; sin embargo, varios de los que están frente al Indi con los Domínguez se niegan ir a otro departamento que no sea Caaguazú. Los documentos son categóricos y demuestran que las tierras están sobrevaluadas. Primero, hace dos años se vendieron en 1.200 millones, pero ahora se quiere transferir al Estado en 62.000 millones.   Cuando se cuestionó el elevado precio, en otra tasación, resultó que solo costaba 50.900 millones de guaraníes.   El entonces presidente del Indi, Óscar Ayala, suspendió la compra por estas irregularidades y por las malas condiciones técnicas del inmueble.   Hoy hasta resulta sorprendente la actitud del actual presidente del ente, Rubén Quesnel, quien insiste en la compra. Argumenta que hará una ciudad indígena; sin embargo, los peticionantes ya renunciaron. La experiencia demuestra que los nativos ava y mbya guaraní quieren vivir en su región; llevarlos a otro sitio será un fracaso y esto lo sabe cualquier estudiante de antropología. El presidente Federico Franco deberá frenar el negociado.   Fuente: Diario ABC Color

La Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDESPI), ante la inminente adquisición de tierras no aptas para asentamiento de comunidades indígenas, ubicadas en el distrito de Unión, Departamento de San Pedro, manifiesta cuanto sigue:   Que, las tierras ofertadas en el distrito de Unión, con una superficie de 7862 hectáreas, no son aptas para el asentamiento de comunidades indígenas, debido primeramente a que no constituye el hábitat tradicional de los grupos a ser reubicados en el lugar, planteándose como una simple transacción inmobiliaria sin trámites jurídico/administrativos de sustento a derechos.   En segundo lugar, las tierras a ser adquiridas por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), no cuentan con la calidad suficiente para convertirse en asentamiento humano ni para el desarrollo de actividades agrícolas, pues los inmuebles ofertados son inundables en la mayor parte de su extensión, lo que acarreará graves inconvenientes en épocas de lluvias continuas.   En tercer lugar, se ha procedido a la sobrevaloración de las tierras ofertadas, pues el precio de venta es muy superior, tanto a lo pagado por el propietario apenas un par de años atrás, así como a los resultados de la tasación y avalúo efectuado por la Institución estatal encargada de la realización de tales actividades, es decir, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.   Raramente, con posterioridad a diversos informes técnicos que determinaban que las tierras no son aptas, en la actualidad se ha dado un giro a la situación, convirtiéndose los referidos inmuebles en “modelos de asentamiento indígena”, constituyéndose en inexplicable el hecho, pues en unos pocos meses, las propiedades ofertadas pasaron de ser prácticamente inservibles a inmuebles que constituirán una próspera ciudad indígena.   Asombrosamente se pretende ahora apurar esta adquisición, rompiéndose asimismo acuerdos de priorización trabajosamente ensamblados en el pasado reciente entre varios actores, primordialmente las organizaciones indígenas, para la restitución de tierras largamente tramitadas, hoy nuevamente en el olvido, quienes en su momento también se han pronunciado en forma negativa hacia la compra de las tierras de Unión.   Asimismo, es sumamente relevante analizar el aspecto antropológico, puesto que no sería apropiado ni conveniente, que grupos heterogéneos convivan en un mismo lugar, pues esto generaría conflictos entre clanes, lo que acabaría indubitablemente en una problemática social, que será la migración a las ciudades, con todos los inconvenientes que ello acarrea, produciendo un desarraigo y alteraciones en sus pautas tradicionales de vida.   En este apartado, cabe citar al experto indigenista Padre Bartomeu Meliá, quien en una publicación periodística explica  que otro de los argumentos en contra es la dificultad que generará la convivencia entre indígenas, de trayectorias culturales e históricas diversas que pueden dificultar el mutuo entendimiento y cooperación al tener que compartir espacios comunes. Señaló que en este caso no hay ningún factor que avale una convivencia exitosa, incluso peor si se suma la intención de introducir en el terreno a grupos de campesinos sin tierra, cuya presencia en otras comunidades indígenas ha sido siempre nefasta, no por otra razón que por las diferencias en sus sistemas de vida, cultura y economía.   Si se llegase a efectivizar la adquisición de estas tierras, se ocasionará un perjuicio irreparable para los Pueblos Indígenas, teniendo en consideración que inmuebles que constituyen verdaderos territorios indígenas y que se encuentran con trámites culminados serán dejados de lado al no ser adquiridas por el INDI, no llevándose a cabo la restitución de territorios ancestrales.   Por todo lo expuesto, exigimos a los altos funcionarios públicos que reviertan esta situación, dejándose al margen intereses puramente particulares o sectoriales, debiendo prevalecer el interés general constitucionalmente tutelado, en este caso, de nuestros hermanos indígenas, habitantes ancestrales de lo que hoy constituye nuestro Paraguay.   A dicha postura de la REDESPI, se suman también las organizaciones indígenas, como la Federación de los Pueblos Guaraní de la Región Oriental y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – FAPI.   Fuente: Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDESPI)

CHACO. Por Carlos Almiron, corresponsal. Pobladores de Puerto Guaraní del departamento de Alto Paraguay se manifiestan tratando de evitar el cierre de un camino vecinal.   Los manifestantes alegan que el brasileño Fabio Rodríguez, supuesto dueño de unas 7 hectáreas de tierras, está realizando trabajos para cerrar el mencionado tramo que pertenece a la antigua vía férrea y que por más de 70 años fue utilizado por los habitantes de ese lugar.   Solicitan la presencia del fiscal Celso Morales, de Concepción, a quien acusan de “parcialista” ya que "solo mira (Ministerio Público) los intereses de los extranjeros de constituirse en este lugar", a fin de interiorizarse de los abusos que cometen los extranjeros contra los intereses de los humildes compatriotas.   Fuente: Diario ABC Color  

Indígenas pertenecientes a varias comunidades de Caaguazú, rechazan la compra de las tierras de Unión, San Pedro, donde serían reubicados en caso de ser adquiridos por el Estado. Alcides Silva, uno de los dirigentes, fue categórico en que si van a ser reubicados, debe ser en el departamento de Caaguazú. Catalina Domínguez también se manifestó en iguales términos. “Nosotros somos de Caaguazú y allí queremos asentar nuestras comunidades”, resaltó. Vicente Vega, en cambio, instó al Indi a no cometer el error de comprar una propiedad que no quieren los indígenas, porque fracasará al desarraigar a los nativos de su territorio. Eduardo Domínguez pidió claridad al Indi y reconoció que fue uno de los que firmó por la compra de las tierras, pero se ha demostrado que no sirven, y si van a reubicar a su gente, desea vivir en Caaguazú. El presidente del Indi, Rubén Quesnel, había admitido que están negociando la compra y que quería hacer en el lugar una ciudad indígena. Entre los que llegaron frente al Indi, también estaba Tomás Domínguez, que pide víveres, proyectos y herramientas. Fuente: Diario ABC Color

Región Oriental. San Pedro. En un inesperado giro, el presidente de la República, Federico Franco, analiza comprar dentro de un mes aproximadamente las polémicas tierras de Unión (San Pedro) de 7.862 hectáreas, para indígenas, cuya calidad del suelo fue cuestionada incluso por él mismo a principios de este año, siendo vicepresidente.   El ingeniero Ken Moriya, quien realizó el estudio sobre la aptitud de las polémicas tierras, da una versión totalmente contraria a la del Gobierno. Señaló que de las 7.862 ha. solo 420 son utilizables.   Franco dio este paso, a pesar de que los informes técnicos elevados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en los que se basan para la adquisición, dejan al desnudo que solo el 5% de las tierras destinadas supuestamente para lograr el arraigo de nativos mediante la agricultura sirven para ese fin.   El mismo ingeniero agrónomo Ken Moriya, funcionario del MAG con más de 30 años de antigüedad y responsable del Departamento de Manejo y Recuperación de Suelos, fue el que realizó el estudio sobre la aptitud de las 7.862 hectáreas en Unión. El técnico se ratificó en que solo 420 hectáreas son aptas para desarrollar cultivos. Según explicó, esta cantidad de tierras se obtiene sumando el área desmontada, que es de 248 hectáreas (3%), y el área desmontada con pastura, que suman otras 172 ha. (2%).   Las zonas de bosque abarcan 775 hectáreas (9%), que incluso el mismo experto se ratifica en que no es para ser desmontado y en su informe recomienda incluso declarar área de protección.   "El bosque corresponde a un área montañosa; se podría hacer una explotación que conviva con los bosques a través del enriquecimiento del suelo, pero el desmonte es técnicamente inviable", señaló Moriya.   CASI LA MITAD: INUNDABLES. Lo más grave es que las áreas inundables suman el 42% del total que se busca comprar, o sea que 3.360 hectáreas serán totalmente desperdiciadas para los objetivos propuestos.   "Nadie dijo que son para cultivar; yo indiqué que en el caso de que quieran ser utilizadas tendrían que destinarse a explotación ganadera", señaló. Pero ahí no acaba el problema; el otro 42%, o sea 3.307 hectáreas que son campos naturales, son tierras anegables.   Moriya da una luz de esperanza diciendo que podrían ser utilizables para cultivar caña de azúcar, pero solamente mediante la utilización de tecnología y una buena inversión. "En el caso de esta zona, podría destinarse a la reforestación o caña de azúcar, si se realizaran drenaje, canalización, control de compuertas, encalado, adición de materia orgánica", apuntó.   Lo llamativo es que se le quiera entregar estas tierras a los nativos para trabajarlas cuando no cuentan ni con los recursos económicos para realizar las grandes inversiones que demandarían poner en condiciones las áreas utilizables, la capacitación para explotar el lugar y tampoco se dedican al rubro de la explotación ganadera.   CAMBIA TODO CAMBIA. También llama poderosamente la atención la insistencia en la intención de adquirir este inmueble cuando, en el pasado, un anterior informe ya advertía sobre estas dificultades y sobre ese dato el mismo presidente, Federico Franco, había pedido al destituido, Fernando Lugo, evitar la adquisición.   El 26 de enero de este año, Franco, tras una visita a la Cámara Baja, había acusado que el gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, estaba incitando la compra de un terreno para los indígenas en la zona de Unión que, según informes del anterior titular del Indi, Óscar Ayala, era una zona húmeda y no reunía las condiciones para el cultivo. Sin embargo, tras una reunión liderada por Ledesma y la liga de carperos, el martes pasado en Guayaibí, anunciaron que finalmente no hay impedimentos para concretar la transacción, en beneficio de las parcialidades Mbya y Ava Guaraní.   Fuente: Diario Última Hora

Región Oriental. San Pedro. El presidente Federico Franco dijo que hay un dictamen favorable para la compra de las tierras de Unión, San Pedro por lo que esta sería factible. Dijo que solo se comprarán a precio de mercado y no si se intenta sobrefacturarlas. Cuando se desempeñaba como Vicepresidente se opuso férreamente a la adquisición de estas tierras.    El presidente Federico Franco hizo referencia a un dictamen del Indert que autoriza la compra de 7862 hectáreas a precio de mercado, en el distrito de Unión, departamento de San Pedro.   Consultado sobre el presunto negociado que rodea a dichas tierras y las sospechas de sobrefacturación, el presidente pidió a los medios constituirse en el lugar antes de emitir opinión al respecto y no dejarse guiar por trascendidos.    Cabe recordar que cuando Franco se desempeñaba como Vicepresidente en todo momento se opuso a que el estado adquiera estas tierras.    Fuente: Diario Última Hora  

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de Aguas para el Chaco Paraguayo, durante la sesión extraordinaria de este martes.   Los diputados votaron a favor del proyecto de ley de Aguas para el Chaco paraguayo, con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores.   El proyecto aprobado declara de interés nacional el transvase de aguas para el Chaco y se admite la participación pública o privada.   La actividad de transvase de agua cruda para fines múltiples estará exenta de impuestos fiscales o municipales por el plazo de diez años contados desde su entrada en servicio.   Fuente: Diario ABC Color

Por Rino Giret. Alto Paraguay. Las 11.000 hectáreas que el Indert adjudicó a tres hijos del exdiputado colorado Raúl Sánchez, en diciembre pasado, se están ofertando subrepticiamente en el mercado, violando el Estatuto Agrario.   A través de un ganadero, ÚH contactó con el ingeniero agrónomo Néstor Fernando Portillo, un hombre afable que reveló que tiene a su cargo la venta de 11.000 hectáreas de tierra en la zona de Agua Dulce, Departamento de Alto Paraguay, correspondientes a tres fracciones, una de 3.000 hectáreas, otra de 4.000 y la tercera también de 4.000 hectáreas.   La revelación del afable agrónomo no sería tal si no fuera porque se trata de las mismas 11.000 hectáreas que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) adjudicó en diciembre del año pasado a los hijos del exdiputado colorado Raúl Sánchez, un conocido político del barrio San Pablo de Asunción, casado con la concejala Fabiana Benegas, también colorada.   El ingeniero agrónomo es amigo de los Sánchez Benegas, y así se encarga de aclararlo, aunque sin mencionarlos: ´´Me pidieron porque son amigos, no son ganaderos, son comerciantes; son tierras que se habían adjudicado a través del IBR (hoy Indert) anteriormente y me ofrecieron a mí para que compre, pero como no estoy en condiciones en este momento me preguntaron si yo podía ofrecer, como tengo contactos´´, confiesa Portillo durante una amena charla con el ganadero. El agrónomo es un conocedor de la zona de Agua Dulce porque posee allí una estancia de 4.000 hectáreas. Se trata de una región del distrito de Bahía Negra que es muy codiciada entre los ganaderos por las características de la tierra.   Portillo accedió a identificar las tres fracciones que intenta vender: son los lotes 38, 39 y 44 de la colonia Mayor Pablo Lagerenza, del distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay. ¿GANADEROS? DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DEL GOBIERNO DE NICANOR DUARTE FRUTOS, A LOS SÁNCHEZ BENEGAS LES ASALTÓ UN REPENTINO INTERÉS POR LAS TIERRAS DEL CHACO. En el 2005 uno de los hijos del matrimonio, Raúl Sánchez Benegas, actual presidente de la seccional colorada n.° 24 y precandidato a legislador del Parlasur por el movimiento Honor Colorado, empezó a tramitar ante el Indert la adjudicación del lote 44 de 3.018 hectáreas. En el 2007, sus hermanas Shirley Fabiana y Nadia Carolina también iniciaron los trámites de adjudicación de los lotes 39 y 38, respectivamente, de 4.000 hectáreas cada uno. En silencio y en un mismo día, el 28 de diciembre de 2011 el entonces presidente del Indert, Marciano Barreto, separado luego del cargo por denuncias de corrupción, adjudicó los lotes 44 y 39 a Raúl y Shirley Fabiana Sánchez, respectivamente. La adjudicación del lote 38 a favor de Nadia Carolina quedó pendiente.   Cuando en abril pasado la información tomó estado público, el interventor del Indert, Emilio Camacho, anunció que revisaría la adjudicación de tierras a los hijos del exdiputado colorado. Por entonces ya se sospechaba de que todo sería una maniobra para quedarse con tierras fiscales y negociarlas posteriormente en el mercado, un negociado que suele ser frecuente pese a la prohibición por el Estatuto Agrario.   Título calentito. El tiempo pasó, cambió el gobierno y nada se revisó, sino al contrario. En el Indert los trámites de los hijos del exdiputado siguieron su curso con llamativa regularidad.   El pasado 2 de octubre el actual presidente del ente agrario, Luís Ortigoza, firmó y expidió los títulos de propiedad de los lotes 44 y 39 a favor de Raúl y Shirley Fabiana Sánchez Benegas, respectivamente, con lo cual los hizo propietarios de 7.000 hectáreas en Alto Paraguay. En trámite quedó la adjudicación del lote 38 a favor de Nadia Carolina. Aun así, el agrónomo Portillo oferta 3 lotes que totalizan 11.000 hectáreas, lo que demuestra que están confiados en lograr la adjudicación del tercer lote de 4.000 hectáreas.   La autorización. Días después de que el Indert expidiera los títulos, Portillo y Raúl Sánchez Benegas elaboraron un contrato de autorización el pasado 9 de octubre, por el cual el segundo otorga al primero ´´el mandato suficiente para gestionar la venta de un inmueble rural de mi propiedad definitiva, ubicado en el lugar denominado Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, individualizado como lote n.° 44, expediente Indert n.° 5.615/2005, título definitivo n.° 215.675´´. ´´Yo tengo la autorización de parte de los propietarios´´, vuelve a aclarar el ingeniero agrónomo.   A todas luces, la intención de vender estos lotes fiscales es ilegal porque viola el Estatuto Agrario, que en su artículo 90 establece claramente las restricciones sobre los inmuebles adjudicados en el marco de la reforma agraria. Dicho artículo establece que los lotes fiscales adjudicados por el Indert ´´son inembargables e inenajenables´´, y que dichas restricciones cesarán a los 10 años de haberse adjudicado y cancelado el importe del inmueble. Los Sánchez Benegas fueron adjudicados en diciembre pasado y cancelaron el importe de los lotes entre el 2008 y el 2009. En definitiva, es un intento de hacer un negociado millonario a costa del Estado.   ´´¿Cuánto pide por hectárea?´´, le preguntó el ganadero al agrónomo Portillo. ´´Heee...le puedo enviar mañana la propuesta con los precios´´, respondió. ´´Ok, espero´´, retrucó el interlocutor y concluyó la charla.   Contrarreforma agraria. La ilegalidad   La adjudicación de lotes fiscales a los hijos del exdiputado Raúl Sánchez es polémica, pero no ilegal, debido a que el Estatuto Agrario establece requisitos muy accesibles y vagos para los que quieran ser beneficiados con lotes fiscales en la Región Occidental. Se requiere ser paraguayo, dedicarse a la ganadería o tener intención de hacerlo, poseer una marca de ganado y garantizar un plan de inversión para desarrollar el inmueble solicitado.   Lo que sí es ilegal es la venta de las tierras adjudicadas sin haber transcurrido los 10 años que establece el Estatuto Agrario, desde la cancelación del importe del lote y de la adjudicación.   Se trata de un negociado que deja millones y que consiste en comprar tierras a precio fiscal y revenderlas a precio de mercado.   Fuente: Diario Última Hora  

Un nativo de la tribu Ayoreo, que mora en la zona de Carmelo Peralta, Alto Paraguay, fue detenido hace tres semanas por autoridades del Brasil.   Es la denuncia que hizo el líder ayoreo Carlos Dicanerai a la radio 1020 AM y explicó que hace tres semanas uno de los integrantes de su tribu fue detenido por la policía del Brasil en Puerto Mortiño.   “Al parecer, por cuestiones políticas lo detuvieron, no sabemos nada de él. Estamos preocupados por estar tan lejos y no tenemos contacto con la gente del INDI”, explicó Dicanerai.   El líder ayoreo señaló que el capturado tiene familia y que todos están muy preocupados por la situación, más aún debido a que ni con la Cancillería se pudo tener contacto, para pedir ayuda.   Los ayoreos están en la zona de Alto Paraguay y no tienen posibilidad de acceder a las autoridades que se encuentran en Asunción, por lo que su líder solicitó de modo urgente una ayuda para tratar de liberar al detenido en el Brasil.   Fuente: Diario ABC Color

En adjunto el comunicado de la Asociación de comunidades indígenas del pueblo Paî Tavyterâ, sobre recientes denuncias realizadas contra el sitio sagrado Jasuka Venda ubicado en el Cerro Guasu de Amambay.   PAî Retâ JOAJU ASOCIACION DE COMUNIDADES DEL PUEBLO Paî TAVYTERâ Inscripta en la Dir. De REGISTROS PUBLICOS bajo N° 21 Fecha: 4 de Febrero de 1.991 Carlos Antonio López N° 459 (Pedro Juan Caballero) Olivia Esq. España (Capitán Bado) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COMUNICADO A LAS AUTORIDADES NACIONALES y a la OPINION PUBLICA Nosotros los abajo firmantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Comunidades Paî Tavyterá “Paî Retâ Joaju”, informamos a las autoridades nacionales y a la opinión pública cuanto sigue: La Asociación de comunidades Paî Tavyterâ Paî Retâ Joaju se conformo en el año 1.989, logrando Protocolizar su estatuto e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, bajo el N° 21, al folio 194 y siguientes, en fecha 4 de febrero de 1.991, con sede, una en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Entre sus objetivos principales esta plasmado en el CAPITULO II. DE LOS FINES Y OBJETIVOS; Art. 6, inciso f: Reivindicar para el Pueblo Paî Tavyterá el cerro guazú “Jasuka Venda” y su entorno, y todos los lugares sagrados según la creencia Paî que se encuentra en el territorio tradicional del Pueblo Paî Tavyterâ, fueron 23 comunidades que al momento de la formación ya tenían reconocidas sus Personerías Jurídicas, y para el año 1.993, ya eran 41 comunidades miembros o socias del Paî Retâ Joaju (PRJ) no quedando fuera del (PRJ) ninguna comunidad Paî. Nuestro primer y más importante acto fue iniciar el proceso de reivindicación legal del Cerro Guasú, asiento del Jasuka venda, logrando que esta sea Declarada Patrimonio Cultural Paî Tavyterâ por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7.685 del año 1.990. Posteriormente se logro la expropiación de la Finca 514 del Distrito de Capitán Bado, asiento del Jasuka Venda gestión mediante del “Paî Retâ Joaju”, con la cooperación y compromiso de la Universidad Católica (ADEPI) y el SAI, titulándose la Finca a favor de la ASOCIACION DE COMUNIDADES PAî TAVYTERÂ PAÎ RETâ JOAJU, por Ley N° 209 de fecha 6 de julio del año 1.993, que expropia y devuelve a sus legítimos dueños una superficie de 7.665 Has, basada en la Mensura aprobada por S.D.N° 489 de fecha 25 de octubre del año 1.967. Es indiscutible que somos titulares del Jasuka Venda a perpetuidad, en atención a la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades indígenas”, el convenio 167 de la OIT y la Constitución Nacional que en su Capítulo V “De los Pueblos Indígenas”, establece que el estado reconoce a los pueblos indígenas como grupos anteriores a la conformación del estado paraguayo y que tienen “derecho a la propiedad comunitaria de la tierra y que el I estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas. Es decir desde el día en que el Congreso Nacional sanciono la expropiación (6 de julio de 1993) el Jasuka Venda es propiedad de la Asociación Paî Retâ Joaju, igualmente y desde aquel momento el Jasuka Venda  permanece intacto, gracias a nuestra férrea defensa mediante lo establecido por nuestro Teko plasmado en un reglamento de uso, estructurada y desarrollada por el pueblo Paî Retâ Joaju, por mandato de los Tekoharuvicha y amparada en leyes que garantizan la propiedad privada y en el cumplimiento irrestricto de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen el patrimonio cultural y natural y que establecen la obligatoriedad del registro y catálogo de tales bienes y que hemos cumplimentando en tiempo y forma otorgándose las certificaciones correspondientes y depositados en los registros públicos pertinentes. Es innegable que el ejercicio de la propiedad y de posesión (no ajeno a los demás propietarios del País) como Paî Retâ Joaju en el sitio y en cumplimiento cabal de la decisión asumida por el Pueblo Paî en cuanto al manejo acorde con los patrones  culturales de nuestra cultura haya desatado una infinidad de reacciones de personas o sectores de la sociedad no indígena, ingresando, atropellando o invadiendo violentando las más elementales conductas de respeto a la propiedad indígena, y que en cada caso se han realizado las denuncias ante las instancias judiciales y administrativas establecidas en el marco institucional de la Republica del Paraguay. A partir de la década del 2000, han surgido incidentes instalados o provocados por personas o grupos interesados en menguar nuestra capacidad de gestión para el cumplimiento del mandato del Pueblo Paî Tavyterâ, impulsando acciones para socavar la cohesión colectiva, incluyendo el debilitamiento organizacional del PRJ, o difundiendo agravios sobre las personas directivas de nuestra asociación o sus aliados estratégicos en el marco de sus compromisos/acciones de cumplimiento de la conservación y protección origen de la reivindicación y del mandato de nuestro Pueblo, a veces solicitando el desmembramiento con fines utilitarios y de usanza no indígena, o poniendo en duda la titularidad colectiva del Paî Retâ Joaju, todas ellas las más de las veces interesadas en el uso mercantil de los bienes culturales y naturales del Jasuka Venda, cuando no de la misma tierra todo ello contrariando el marco legal vigente y organización consuetudinarios. En esta oportunidad, un grupo de personas indígenas Paî Tavyterâ que se reconocen como una nueva organización han llegado hasta la capital del País pidiendo auxilio para recuperar el Jasuka Venda, al respecto manifestamos: i) Desde el año 1.993 el Jasuka Venda es propiedad colectiva de las comunidades Paî Tavyterá a través del Paî Retâ joaju, siendo ella inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas, además, y hasta la fecha ninguna comunidad ha sido excluida ni ha habido petición por parte de algunas de ellas para ser excluidas. ii) Todos los años, y en dos oportunidades los poseedores de la cultura y el conocimiento Paî (Tekoharuvicha), la comisión de mujeres Paî se reúnen en Jasuka Venda, la convocatoria siempre es a todos los miembros del Paî Retâ Joaju, realizando los eventos más caros a los valores culturales del Pueblo Paî Tavyterâ y seguimiento al mandato impuesto por ellos mismos a la comisión directiva del Paî Retâ Joaju, además de la presencia permanente de los vigilantes del sitio. iii) Ratificamos el sistema de protección del sitio ante las innumerables amenazas y atropellos registrados en el sitio realizados por extraños y en algunos casos con el concurso de individualidades Paî, para cual establece acuerdo de trabajo con la ONG SAI. iV)No existe restricción alguna a las comunidades indígenas Paî Tavyterâ, de hecho llegan hasta el sitio números Paî hasta Tekoharuvicha que allí viven en forma permanente y jamás se ha registrado violencia con ninguna persona que haya respetado la forma de gestión y administración del Paî Retâ Joaju en torno al uso y legítima titularidad del patrimonio cultural. V) El Jasuka Venda es reconocido por los Paî Tavyterâ como origen del mundo es el yvypyru´a y donde según su cosmovisión se inicio la vida y no esta preciada, y no está establecido canon alguno impuesto por el Paî Retâ Joaju que supusiese de uso público: (parque, reserva, o destino turístico). Y por ser sitio sagrado esta fuera del comercio. Vi) hacemos un llamamiento a todo el Pueblo Paî a proseguir con las conversaciones entre nosotros y así evitar la profundización de la discordia instalada dentro del Pueblo Paî.- Erma Ramos Pana                                Fausta Mendoza                       Leonardo Valiente Tadeo Fleitas                                        Silvino Mendoza                         Marcelino RamírezBajar archivo pdf Comunicado Pai Reta Joaju sobre Jasuka Venda

Este jueves se realiza la 7º Marcha "Yvy Resäi Tekove Renda" de los Pueblos Originarios del Paraguay. La movilización pacífica se llevará a cabo para reclamar el respeto a los indígenas y una vida digna. El Movimiento Pueblos Originarios organiza la marcha que tiene por objetivo celebrar el día de la dignidad de los pueblos indígenas y exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos con el sector. Además, reclaman la creación de políticas públicas que beneficien a los pueblos indígenas y la participación efectiva en la distribución del Presupuesto General de Gastos de la Nación. La convocatoria es para las 07:00 del jueves en el local de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), desde donde partirán para dirigirse al INDI, luego hasta Senave, posteriormente a la Senavitat, la Fiscalía General del Estado y por último al Congreso Nacional. Según comunica el movimiento, la marcha ostenta las siguientes reivindicaciones: reconocimiento legal de líderes, comunidades, organizaciones, clanes y grupos de pueblos originarios; respeto a la tierra y a territorios indígenas; una política habitacional para los pueblos originarios que ofrezca una vivienda digna; promoción y apoyo efectivo a la artesanía, trabajo, producción y economía de los pueblos originarios; fortalecimiento de la política de educación indígena; cumplimiento de la política nacional de salud indígena; resguardo de indígenas en situación de calle; que las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá restituyan los territorios a todas las comunidades y familias afectadas por los embalses; rechazan la utilización de semillas transgénicas; la incorporación de asesores indígenas dentro de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados; cumplimiento de las resoluciones de la Corte Internacional con las tierras de los indígenas del Chaco. Fuente: Diario Última Hora

Presidente Hayes, Indígenas de la parcialidad Enxet, nucleados en la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH) anuncian cierre de las principales rutas de acceso al Chaco, este jueves. La medida es en reclamo al Gobierno por el incumplimiento en la restitución de las tierras para la comunidad Sawhoyamaxa. La medida de fuerza se llevará a cabo con más de 2.000 personas del pueblo Enxet, distribuidos en dos bloques, un grupo cerrará la ruta Transchaco, y el otro cerrará la ruta Coronel Rafael Franco, que une las localidades de Pozo Colorado y Concepción, detalló Demetrio Rojas, vicepresidente de la Clibch. "Con esta acción lo que buscamos es que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Sawhoyamaxa. La gente no puede seguir viviendo en la calle habiendo una sentencia a favor de la comunidad que sus tierras deben ser restituidas, buscamos justicia en este caso y el Estado está condenado y debe cumplir con su responsabilidad", afirmó. Así también, explicó que el bloqueo de las principales rutas del Chaco será por tiempo indefinido, sin interrupciones, hasta tanto lleguen las autoridades, y solo se levantará la medida si es que se llega a un acuerdo con los mismos. "Vamos a exigir la presencia del ministro del Interior, Carmelo Caballero, y del Procurador General de la República, Pedro Rafael Valiente, quienes deben estar en la comunidad Sawhoyamaxa para conversar con la gente, mientras eso no ocurra no vamos a levantar esta medida de fuerza", afirmó. Antecedentes del caso La CIDH condenó en el año 2006 al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de los miembros de Sawhoyamaxa. En su sentencia ordenó que el Estado devuelva a la comunidad unas 14.000 hectáreas, que son parte de las tierras tradicionales del pueblo Enxet, según indica el comunicado de la Clibch. El máximo tribunal internacional de Derechos Humanos estableció un plazo de tres años para el cumplimiento de la sentencia, sin embargo, a seis años de dicha resolución el Estado sigue sin devolver su tierra a la mencionada comunidad. Fuente: Diario Última hora

Para conocer cuántos son, las tierras que poseen, el acceso a la educación y la tecnología, harán a partir del 15 de octubre el II Censo Nacional Indígena. El relevamiento estará a cargo de los propios aborígenes. El último muestreo realizado en el 2008 dio como resultado que 108.303 nativos viven en el Paraguay.   El lanzamiento de emprendimiento tuvo lugar en el hotel Guaraní. Participaron del acto Zulma Sosa, directora de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC); Manuelita Escobar, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) UNFPA, y Jorge Servín, coordinador general del Censo para Pueblos Indígenas, quien realizó la presentación técnica del trabajo censal.   “Una vez finalizado el censo permitirá contar con datos fiables y actualizados de los indígenas, explicó Servín. Las referencias serán de gran relevancia para la elaboración de políticas públicas, con enfoque de derechos e interculturalidad, que respeten y tomen en cuenta su visión y necesidades.   El III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas presenta cambios significativos en esta edición. Por ejemplo, ya no se realizará en un solo día, como era tradicional, sino que durará hasta cuatro semanas. Sin embargo, a sabiendas de que las comunidades indígenas en el Paraguay son de composición pequeña, en cantidad de habitantes, es probable que el censo en varias comunidades concluya antes del tiempo indicado. Esto se debe al cambio metodológico, pues por primera vez el país pasará de un censo de hecho a uno de derecho, expresó Servín.   Para el logro de este cometido, se movilizará a más de 1.600 personas, censistas y supervisores y supervisoras indígenas en todo el país. La efectiva participación de los pueblos indígenas en este operativo –desde el inicio mismo– permitió que cada comunidad seleccionara a su censista, supervisor y supervisora según el perfil indicado por la DGEEC. Ello fue posible a la implementación de una metodología participativa que permitió a los indígenas ser protagonistas activos del operativo censal, incluyendo en el mismo sus pautas culturales.   Las personas que realizarán la encuesta trabajarán con dos cuestionarios, uno denominado general, que se aplicará para relevamiento de datos de cada vivienda y personas que viven en ella. El otro es el cuestionario comunitario, que se implementará para recoger datos sobre la vida comunitaria de cada pueblo indígena.   La etapa previa del censo conllevó una serie de acciones que incluyeron la prueba de cuestionarios en comunidades urbana y rural; el desarrollo de un censo experimental en ambas regiones del país; 35 reuniones para la instalación del censo en el país; formación de comisiones de apoyo a nivel local; incorporación de 1.600 indígenas para censistas y supervisores y a miembros de comunidades indígenas como responsables departamentales, zonales y capacitadores; realización de 50 capacitaciones en todo el país; elaboración de materiales en 12 lenguas indígenas y el empadronamiento en 630 comunidades indígenas.   El censo permitirá además conocer la cantidad y nombre de comunidades indígenas; el número de poblaciones con tierra propia; las hectáreas en posesión; las comunidades con problemas a causa de la apropiación de sus recursos naturales por terceros; la captación de enfermedades mentales en el ámbito comunitario amparado en el derecho colectivo de los pueblos indígenas; el conocimiento acerca del acceso a las TIC de los pueblos indígenas.   Así también se conocerá la condición de las escuelas indígenas; las funciones y cumplimiento del personal asignado a las instituciones escolares; el acceso a la atención primaria a la salud; la condición económica de los pueblos indígenas (ocupación, rama y actividad); el tipo y condiciones de las viviendas indígenas; la fecundidad y mortalidad y las prácticas económicas tradicionales (pesca, caza, recolección).   Cuánto cuesta   El Censo Nacional tiene un costo total de 18 millones de dólares, de los cuales 12,5 millones provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el resto es contrapartida local.   El censo indígena está incluido dentro del monto total, y se le asignará 1,5 millones de dólares. Incluye la publicación de los resultados.   El relevamiento en las comunidades nativas comenzará el 15 de octubre. Estará a cargo de los propios aborígenes.   Fuente: Diario ABC Color  

El interventor del Indert, Emilio Camacho, anunció que se recuperaron unas 62 mil hectáreas de tierra en el Chaco, que estaban en la última etapa de adjudicación irregular. El 90 % de los trabajos de intervención en el ente agrario están hechos y hoy se definiría el futuro de su titular, actualmente suspendido, Marciano Barreto.Las tierras recuperadas, situadas en la Región Occidental, estaban a nombre de varias personas conocidas, según los datos descubiertos durante la intervención al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).Los inmuebles fueron recuperados antes de que se concreten las titulaciones. Así, el Indert logró revocar las adjudicaciones de las más de 62 mil hectáreas de tierra, pertenecientes al ente agrario, informó Camacho tras una reunión con el presidente de la República, Fernando Lugo, este martes.La intervención en el ente rural está concluida en un 90 % y se espera que culmine en un mes, aproximadamente, manifestó además el alto funcionario.Futuro de Marciano BarretoCamacho anunció igualmente que este martes el presidente Fernando Lugo definiría si el titular del Indert, Marciano Barreto, suspendido en sus funciones, seguirá al frente de la institución, puesto que la intervención ya se encuentra en su etapa final. Así como están las cosas, no seguiría en el cargo.Fuente: Diario Ultima Hora

El presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, reiteró que su Gobierno ya ha emprendido el operativo post inundación en el Chaco paraguayo a fin de recuperar a las poblaciones dañadas y estructurar programas de prevención ante futuros desastres naturales, en el marco de la emergencia en esta región.“Hace 10 días estábamos aquí, en Irala Fernández, para hacer una visita de reconocimiento y ver cómo seguía la emergencia nacional. Y mientras visitábamos la zona de General Díaz, Cacique Sapo, km 4, un grupo de ciudadanos chaqueños nos presentaron una propuesta de volver a reunirnos y analizar 8 ejes de desarrollo para el Chaco Paraguayo”, enfatizó el jefe de Estado.En la fecha, el presidente Lugo volvió a visitar -por segunda vez- a autoridades del chaco paraguayo en el Colegio Nacional “25 Leguas”, en Tte. Manuel Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, para evaluar resultados de la asistencia y enmarcar los planes.“Consideramos que esta crecida del río y las abundantes lluvias como una oportunidad para el Chaco, que no tenemos que perder”, apuntó Lugo. La aeronave que trasladó al jefe de Estado primeramente realizó un sobrevuelo sobre las zonas afectadas por la inundación para luego aterrizar cerca de las instalaciones de Radio Pa’i Puku, donde llevaron más víveres, frazadas, ropas y medicamentos. Cabe consignar que en esta reunión conjunta estuvieron presentes los gobernadores de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, diputados departamentales, intendentes, fuerzas vivas de los diferentes departamentos, comisiones vecinales, de salud y educación.Asimismo, Miguel Ángel López Perito, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia; Gladys Cardozo, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN); Oscar Rivas, titular de la Secretaría del Ambiente (SEAM); Enrique Cáceres, director paraguayo de la EBY, Enzo Cardozo; titular del MAG y Víctor Ríos, ministro de Educación y Cultura.Además de Gerardo Rolón Pose, de SENAVITAT; Oscar Ramón Ayala, del INDI; Hugo Royg, de la Secretaría Técnica de Planificación y Emilio Camacho, interventor del INDERT. También el fiscal general Javier Díaz Verón, el senador Sixto Pereira y los comandantes de las tres fuerzas militares.Fuente: La Prensa.Com.Py